ÚLTIMA HORA: El congresista estadounidense Nick Begich leyó extractos de un proyecto de ley presentado para proteger la autocustodia de Bitcoin. En el texto se afirma: "Reconociendo que la capacidad de mantener la autocustodia de las claves privadas es fundamental para los principios de soberanía financiera, privacidad y libertad personal".

El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) ha publicado guiones y documentación incautados en un complejo de estafas en Camboya que revelan una nueva modalidad de suplantación "al estilo Hollywood" dirigida contra estadounidenses, según The Wall Street Journal. La divulgación coincide con una operación coordinada ejecutada el jueves que inmovilizó 701,9 millones de dólares en criptoactivos. El fraude se activa con llamadas en frío de personas que se hacen pasar por empleados de grandes bancos estadounidenses y alertan a la víctima de que sus cuentas se habrían usado para comprar armas de fuego. A continuación, la llamada se deriva a falsos "detectives del NYPD" y a un supuesto "Tribunal Supremo de Nueva York", desde donde presionan al objetivo para que transfiera sus ahorros a los estafadores. Los estadounidenses perdieron 10.000 millones de dólares por fraudes online procedentes del Sudeste Asiático en 2024, de acuerdo con datos del Gobierno de EE. UU. citados por el WSJ. A escala global, los ingresos criminales de estas redes de ciberdelincuencia, mayoritariamente de origen chino y asentadas en Camboya, Myanmar y Laos, superan los 60.000 millones de dólares al año. Por su parte, el Departamento de Estado elevó a 14 millones de dólares el fondo total de recompensas por información que permita incautaciones vinculadas a centros de estafa en Myanmar y la captura de un ciudadano con doble nacionalidad china y de San Cristóbal y Nieves, acusado de blanquear los beneficios.

China ha ordenado a Meta revertir la adquisición, valorada en más de 2.000 millones de dólares, de la 'startup' de inteligencia artificial Manus, en una nueva escalada del escrutinio de Pekín sobre la inversión estadounidense en empresas de tecnología puntera vinculadas a China. La Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (NDRC, por sus siglas en inglés) indicó que su oficina de revisión de seguridad para inversiones extranjeras prohibirá la inversión extranjera en Manus y exigirá a las partes retirarse de la operación. El comunicado no mencionó a Meta, pero Reuters informó de que la medida apunta a la compra ya completada del desarrollador de agentes de IA. La decisión supone un movimiento poco habitual: Pekín intenta deshacer una transacción tecnológica transfronteriza ya cerrada, pese a que la compañía había trasladado sus operaciones fuera de China. Manus cerró sus oficinas en China en julio, tras una ronda de financiación de 75 millones de dólares liderada por Benchmark en mayo de 2025; recortó decenas de puestos y trasladó su actividad a Singapur a través de su matriz Butterfly Effect. Meta compró Manus para reforzar su apuesta por los agentes de IA, un segmento en rápida expansión centrado en herramientas capaces de ejecutar tareas complejas con una intervención humana limitada. Manus desarrolla agentes de propósito general que pueden abordar trabajos como desarrollo de aplicaciones, investigación de mercado y planificación financiera. La intervención de las autoridades chinas sugiere que los reguladores ya no se fijan solo en el país de incorporación de la empresa objetivo. Reuters citó a analistas legales que señalan que China puede evaluar el origen de la tecnología, la ubicación de la I+D, la nacionalidad de los equipos fundadores, las operaciones previas en China, los flujos de datos y las reestructuraciones 'offshore' al valorar operaciones en tecnologías sensibles. La medida también pone el foco en una práctica descrita a veces como 'Singapore washing': 'startups' con vínculos chinos que se mudan a Singapur para atraer capital extranjero y reducir la exposición regulatoria. Analistas citados por Reuters apuntan que el caso Manus eleva el listón de cumplimiento para compañías de sectores sensibles, especialmente si su propiedad intelectual, datos, equipos de investigación o historia fundacional siguen ligados a China. Meta afirmó que la transacción cumplió plenamente la normativa aplicable y que espera una resolución adecuada de la investigación. El caso llega a pocas semanas de la cumbre prevista a mediados de mayo entre el presidente Donald Trump y el presidente chino Xi Jinping en Pekín, situando la operación en el centro de la pugna más amplia entre EEUU y China por la inteligencia artificial, los chips, los datos y el control de tecnologías estratégicas.

La propuesta canadiense para vetar las donaciones políticas en criptomonedas dio un paso más hacia su aprobación el viernes, al avanzar en el Parlamento con respaldo de varios partidos y escasa oposición. El proyecto de ley C25, Strong and Free Elections Act, superó la segunda lectura en la Cámara de los Comunes y fue remitido a comisión para su revisión. En el sistema canadiense, esta votación indica un acuerdo general sobre los principios básicos del texto antes del examen pormenorizado y de posibles enmiendas. La norma prohibiría las contribuciones políticas realizadas en criptoactivos, junto con giros postales y productos de pago prepago, al considerarlos métodos de financiación de difícil trazabilidad. La prohibición se aplicaría en todo el ámbito federal: partidos registrados, asociaciones de distritos electorales, candidatos, aspirantes en contiendas de liderazgo y de nominación, y también terceros que financien publicidad electoral. Los receptores tendrían 30 días para devolver las aportaciones ilegales en criptomonedas o ingresarlas al Receiver General, el equivalente canadiense del Tesoro de EE. UU. La defensa del proyecto en el hemiciclo recayó en Kevin Lamoureux, secretario parlamentario liberal del líder del Gobierno en la Cámara, que coordina parte de la agenda legislativa y ejerce como portavoz en el debate. En su intervención inicial repasó cuestiones como deepfakes con IA, injerencias extranjeras y sanciones administrativas. Según la transcripción oficial, no mencionó las criptomonedas. Cuando un compañero liberal le pidió elegir entre tres prioridades —injerencia extranjera en nominaciones, transparencia en la financiación política o inteligencia artificial— Lamoureux optó por la IA. Varios diputados conservadores —el partido lo lidera Pierre Poilievre, que en la última campaña se presentó como favorable a las criptomonedas— plantearon dudas sobre las reglas de financiación política y la aplicación de nuevas restricciones. Aun así, el asunto no se convirtió en el eje de la discusión. Los conservadores apoyaron el envío del texto a comisión. Otros partidos de la oposición cuestionaron distintos elementos del proyecto, sin centrar sus críticas en la cuestión cripto. La escasa resistencia también refleja el limitado uso de criptoactivos en la política canadiense. Canadá permite técnicamente las donaciones en criptomonedas desde 2019, cuando Elections Canada las clasificó como contribuciones no monetarias, en especie, similares a bienes. Pese a ello, ningún gran partido federal ha aceptado públicamente este tipo de aportes y no se han divulgado contribuciones en elecciones recientes. El C25 no es nuevo. Su antecesor, el proyecto C65, incluía un texto idéntico sobre criptomonedas y decayó cuando el Parlamento fue prorrogado —suspendido sin disolución— en enero de 2025. El Chief Electoral Officer recomendó en 2022 endurecer la regulación de las donaciones en criptoactivos y, en noviembre de 2024, pasó a pedir una prohibición total, citando la seudonimidad y la dificultad para verificar la identidad de los donantes. En Estados Unidos, la tendencia va en sentido contrario. La Federal Election Commission permite donaciones en criptomonedas a campañas estadounidenses desde 2014. En el Reino Unido, una ley aprobada a principios de este año prohibió las donaciones en criptoactivos por el temor a que los activos digitales puedan ocultar el origen de dinero extranjero en la política británica.

POLÍTICA: La Unión Europea ha anunciado el mayor paquete de sanciones contra Rusia en los últimos dos años. Las medidas contemplan la prohibición total de los proveedores de criptoactivos rusos, el bloqueo del rublo digital y de la stablecoin RUBx, y la restricción a los residentes de la UE para que no realicen transacciones con plataformas cripto rusas.

Según BlockBeats, el 27 de abril y de acuerdo con datos del sitio de seguimiento de buques Tankertrackers.com, seis petroleros que transportaban en conjunto unos 10,5 millones de barriles de crudo iraní dieron media vuelta tras ser interceptados por fuerzas militares de Estados Unidos y regresaron a Irán atravesando el Estrecho de Ormuz. El 24 de abril, cerca de 4 millones de barriles de crudo iraní cargados en petroleros lograron superar el bloqueo marítimo estadounidense.

Las autoridades francesas han imputado a 88 personas, entre ellas menores de edad, en el marco de una operación contra los denominados "wrench attacks" relacionados con criptomonedas.

Según BlockBeats, el 27 de abril la Unión Europea puso en marcha su paquete de sanciones más contundente contra Rusia en los últimos dos años, con foco en cortar el uso de activos digitales para eludir las restricciones económicas. La nueva normativa prohíbe por completo operar a los proveedores de servicios y plataformas de negociación de criptomonedas establecidos en Rusia, bloquea el rublo digital del Banco Central ruso y la stablecoin vinculada al rublo RUBx, e impide que cualquier entidad de la UE preste apoyo técnico para el desarrollo del rublo digital. Con datos de la firma de análisis blockchain Chainalysis, el ecosistema sancionado A7A5 ha procesado de forma acumulada 119,7 mil millones de dólares. El paquete también incluye a 20 bancos rusos, cuatro instituciones financieras extranjeras conectadas con el sistema de mensajería financiera SPFS de Rusia y la plataforma de negociación TengriCoin, con sede en Kirguistán. Con las nuevas reglas, los residentes en la UE no podrán realizar transacciones con plataformas de criptomonedas o DeFi en Rusia y Bielorrusia, ni prestar servicios relacionados con criptoactivos sujetos a la regulación MiCA.