El Tesoro de EE. UU. plantea una norma para controlar a los emisores "offshore" de stablecoins
Resumen del mercado generado por IA
La propuesta de norma del Departamento del Tesoro de EE. UU. (FinCEN/OFAC) obligaría a los proveedores estadounidenses de servicios de activos digitales a retirar de cotización las stablecoins de pago emitidas en el extranjero, salvo que los emisores se registren, cumplan los estándares de AML de la Ley de Secreto Bancario y mantengan reservas en instituciones estadounidenses, con plena entrada en vigor el 18 de enero de 2027. Esto eleva los costes de cumplimiento y las cargas de diligencia debida de contrapartes para las bolsas, al tiempo que podría desplazar la cuota de mercado de las stablecoins hacia emisores domiciliados en EE. UU. El plazo para comentarios se extiende hasta el 9 de junio de 2026.
Nivel de impacto
● Alto
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El Tesoro de Estados Unidos quiere identificar con precisión a los responsables de las stablecoins que utilizan los estadounidenses y da a los emisores extranjeros un plazo de unos nueve meses para demostrar que pueden operar bajo estándares estadounidenses. Una propuesta de norma publicada el 8 de abril de 2026 por la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) y la Office of Foreign Assets Control (OFAC) obligaría a los proveedores de servicios de activos digitales (DASP, por sus siglas en inglés) a dejar de ofrecer stablecoins de pago emitidas fuera del país, salvo que sus emisores cumplan exigentes requisitos de registro y cumplimiento ante los reguladores de EE. UU. Las restricciones entrarían plenamente en vigor el 18 de enero de 2027.
Qué cambia en la práctica
La propuesta encuadra a los emisores permitidos de stablecoins de pago (PPSI, por sus siglas en inglés) como instituciones financieras bajo la Bank Secrecy Act, el mismo marco legal que fija obligaciones contra el blanqueo de capitales para bancos, transmisores de dinero y broker-dealers. En la práctica, los emisores quedarían sujetos a diligencia debida del cliente, reporte de actividades sospechosas y al conjunto de reglas AML que ya rige para la banca tradicional.
Para los emisores extranjeros, el listón sube. Tendrían que registrarse ante la Office of the Comptroller of the Currency (OCC) y mantener sus reservas en entidades estadounidenses. Si no lo hacen, las plataformas y exchanges con base en EE. UU. no podrían listar sus stablecoins.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, presentó la propuesta como una medida de seguridad nacional orientada a proteger el sistema financiero frente a posibles amenazas. El periodo de consulta pública estará abierto hasta el 9 de junio de 2026, un margen de dos meses para que el sector envíe comentarios antes de la versión final.
El contexto: la ley GENIUS
La iniciativa se apoya en la Guiding and Establishing National Innovation for US Stablecoins Act, conocida como la GENIUS Act, firmada el 18 de julio de 2025. Esta ley estableció el primer marco federal integral específico para las stablecoins de pago. Hasta su aprobación, la regulación en EE. UU. era un mosaico de normas estatales y orientaciones federales no vinculantes.
La GENIUS Act definió qué se considera una stablecoin de pago, quién puede emitirla y qué obligaciones asumen los emisores. La propuesta no menciona tokens ni entidades concretas; el marco se aplica de forma general a las stablecoins de pago y a sus emisores como categoría.
Ganadores y presionados
Los principales beneficiados serían los emisores domiciliados en EE. UU. que ya operan bajo supervisión nacional. Si los competidores extranjeros quedan fuera de las plataformas estadounidenses por no cumplir el registro ante la OCC, los actores locales podrían captar esa cuota de mercado casi por inercia.
Para los grandes emisores "offshore", la decisión es más compleja. Registrarse ante la OCC y situar reservas en instituciones de EE. UU. exige infraestructura legal, equipos de cumplimiento y aceptar la jurisdicción regulatoria estadounidense de manera continuada.
Los exchanges y plataformas que hoy listan stablecoins emitidas fuera del país también tendrán trabajo por delante: deberán revisar su catálogo y verificar que cada emisor cumple los nuevos estándares antes del plazo de enero de 2027.