El Departamento de Justicia de EE. UU. impulsa una acción civil de decomiso por más de 25 millones de dólares en cripto vinculada a redes de fraude

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) ha presentado una acción civil de decomiso para incautar más de 25 millones de dólares en criptoactivos presuntamente asociados a redes internacionales de fraude y blanqueo de capitales. La iniciativa llega en un contexto de expansión de las estafas con cripto: las pérdidas de las víctimas superaron los 7.200 millones de dólares solo en 2025, según datos del propio DOJ. Este nuevo procedimiento se enmarca en una ofensiva más amplia. En junio de 2025, el DOJ registró una demanda civil de decomiso por más de 225 millones de dólares en tokens vinculados a fraude de inversión en criptomonedas, un caso que el Departamento calificó entonces como la mayor incautación de este tipo realizada por el Servicio Secreto de EE. UU. Detrás de estas actuaciones figura de forma recurrente la Scam Center Strike Force, un grupo de trabajo afiliado al DOJ centrado en operaciones fraudulentas con base en el Sudeste Asiático. La unidad ha congelado en varias ocasiones millones de dólares en tokens conectados con esquemas de esa región, donde se han documentado complejos de fraude a gran escala. En relación con la acción actual por más de 25 millones de dólares, no se han hecho públicos nombres de demandados, direcciones de monedero ni tipos concretos de token. En los decomisos civiles es habitual que el expediente avance sin identificar a sospechosos, especialmente en fases iniciales mientras los investigadores reconstruyen la red completa. En el ámbito cripto, el decomiso civil difiere de la incautación tradicional: la demanda se dirige contra el bien —los propios tokens— y no necesariamente contra una persona identificada. El DOJ sostiene que esos activos constituyen producto de un delito y solicita a un tribunal federal que transfiera su titularidad al Gobierno. Las firmas de analítica blockchain desempeñan un papel clave. Las herramientas de trazado de transacciones permiten vincular monederos con direcciones asociadas a fraudes conocidos, plataformas de intercambio o mezcladores, aportando la base forense que la Fiscalía necesita para sostener una incautación. El caso de junio de 2025 por más de 225 millones de dólares destacó, en parte, por evidenciar el grado de sofisticación alcanzado por estas capacidades de seguimiento. Las operaciones fraudulentas del Sudeste Asiático, descritas a menudo como estafas de "pig butchering", se han consolidado como una de las principales fuentes de pérdidas globales por fraude cripto. Suelen basarse en semanas o meses de construcción de confianza con la víctima a través de internet, hasta dirigirla a supuestas plataformas de inversión. La víctima transfiere cripto real; la plataforma es ficticia. Los fondos se mueven rápidamente por capas de monederos, lo que explica por qué la analítica blockchain se ha convertido en una herramienta operativa central para los investigadores federales.