Tailandia incauta 315 equipos de minería de bitcoin en cinco provincias
Las autoridades tailandesas realizaron el 21 de junio una operación coordinada en cinco provincias del noreste del país que se saldó con la incautación de 315 equipos de minería de bitcoin. Según las investigaciones, los operadores habrían manipulado contadores eléctricos para reducir el importe de sus facturas, con un perjuicio estimado de 40 millones de baht (aproximadamente 1,1 millones de dólares).
Los registros se llevaron a cabo en 14 ubicaciones de la región de Isan, en las provincias de Ubon Ratchathani, Yasothon, Amnat Charoen, Roi Et y Maha Sarakham. En el dispositivo participaron el Ministerio del Interior, la Provincial Electricity Authority (PEA) y la Royal Thai Police, que ejecutaron intervenciones simultáneas.
La portavoz adjunta del Gobierno, Lalida Periswivattana, señaló que los patrones anómalos de consumo eléctrico vinculados a estas granjas de minería fueron una de las principales señales de alerta. Indicó que estas actividades también han afectado al suministro y a la estabilidad de la red local, elevando el riesgo para la infraestructura más allá del impacto económico. No se facilitaron nombres de personas ni de empresas relacionadas con el material intervenido.
La PEA viene intensificando la detección de consumos sospechosos: los equipos de minería operan de forma continua y suelen dejar una huella de demanda alta y plana, distinta de la de usuarios residenciales o comerciales. Las pérdidas, añadieron las autoridades, acaban repercutiendo en la compañía eléctrica provincial y, en última instancia, en los abonados.
La actuación se enmarca en una dinámica de controles recurrentes. Tailandia cuenta con un marco regulatorio relativamente desarrollado para los activos digitales, con la Securities and Exchange Commission supervisando los exchanges y las ofertas de tokens. Las provincias del noreste, entre las menos desarrolladas del país, resultan atractivas por sus menores costes inmobiliarios y un seguimiento del consumo menos intensivo.
Aunque 40 millones de baht es una cifra reducida frente a la escala del mercado cripto, para los reguladores tailandeses supone un indicio de un problema estructural que podría justificar un endurecimiento y una ampliación de las medidas de control.