La oposición surcoreana plantea retrasar hasta 2030 el impuesto del 22% sobre criptomonedas

La principal fuerza de la oposición en Corea del Sur, el People Power Party (PPP), ha presentado una iniciativa para aplazar tres años la entrada en vigor del controvertido impuesto del 22% sobre las ganancias de inversión en criptomonedas. La propuesta trasladaría la fecha de inicio del 1 de enero de 2027 al 1 de enero de 2030, en un momento de creciente pulso político sobre su aplicación. El proyecto, registrado por el diputado del PPP Jeong Seongguk, llega pocos días después de que el Gobierno reiterara que mantiene el calendario de 2027. Jeong propone modificar la Ley del Impuesto sobre la Renta para conservar las disposiciones sobre criptoactivos en el texto legal, pero posponer su aplicación efectiva hasta 2030. A su juicio, el aplazamiento permitiría cerrar a tiempo la protección del inversor, los sistemas administrativos y el marco fiscal de activos virtuales, reduciendo incertidumbre y posibles confusiones para los contribuyentes. Según la normativa vigente, a partir del 1 de enero de 2027 los ingresos derivados de la transferencia o el préstamo de activos virtuales (incluidos Bitcoin y Ethereum) se clasificarán como "otros ingresos". Las plusvalías anuales que superen una franquicia de 2,5 millones de wones tributarán a un tipo combinado del 22% (20% estatal + 2% local). En un ejemplo recogido en la propuesta fiscal gubernamental para 2026, un inversor que obtenga 5 millones de wones netos en operaciones con criptoactivos deduciría la exención de 2,5 millones, quedando 2,5 millones sujetos a gravamen, con una cuota de 550.000 wones. Los ingresos imponibles generados en 2027 se declararían en mayo de 2028. Dentro de la oposición conviven dos estrategias. Además del aplazamiento, otro diputado del PPP, Song Eonseok, presentó el 19 de marzo un proyecto para eliminar por completo de la Ley del Impuesto sobre la Renta la disposición relativa a los ingresos por criptomonedas, lo que equivaldría a derogar el impuesto. Esa propuesta está siendo revisada en la Comisión de Finanzas y Planificación Económica de la Asamblea Nacional y podría pasar a un subcomité. Los críticos del PPP sostienen que el diseño del tributo perjudica a los inversores en criptoactivos frente a la mayoría de minoristas en bolsa, que han quedado en gran medida al margen del ya abolido impuesto sobre ingresos por inversiones financieras. También subrayan que no hay mecanismos para compensar pérdidas de negociación de criptomonedas en ejercicios futuros y advierten de que la estructura podría empujar la operativa hacia plataformas extranjeras, DeFi o mercados entre particulares. El Ministerio de Economía y Finanzas cerró su paquete de reforma fiscal de 2026 el 3 de agosto sin incluir un nuevo aplazamiento; el texto aún requiere la aprobación de la Asamblea Nacional y puede ser modificado por los legisladores. El ministro de Finanzas, Koo Yuncheol, afirmó el 29 de julio ante una comisión parlamentaria que el Ejecutivo prevé seguir adelante con la implementación en 2027 y evaluar mejoras tras acumular experiencia operativa. El Gobierno asegura que la mayor parte de la infraestructura administrativa necesaria ya está preparada y que el Servicio Nacional de Impuestos ha creado una unidad de activos digitales para desarrollar guías y medidas de control. En materia de supervisión, Seúl espera recibir el próximo año datos de transacciones de criptomonedas en el exterior mediante el Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) de la OCDE. El Ejecutivo indica que participan 48 jurisdicciones, entre ellas Japón, Alemania y Francia, lo que daría a las autoridades tributarias surcoreanas mayor visibilidad sobre activos y operaciones en plataformas extranjeras. La disputa se enmarca en una historia de aplazamientos: el impuesto fue aprobado en 2020 con un inicio previsto para enero de 2022, se retrasó a 2023, luego a 2025 y posteriormente a 2027. La enmienda de Jeong extendería el calendario hasta 2030 sin derogar la norma. En paralelo, legisladores y reguladores elaboran una Ley Básica de Activos Digitales que busca unificar alrededor de 10 proyectos en trámite. El marco pretende abarcar reglas sobre stablecoins, licencias y controles de plataformas, obligaciones de divulgación, resiliencia de los sistemas de negociación y otros elementos estructurales. Continúa el debate sobre si las stablecoins respaldadas por wones deberían emitirse mediante consorcios liderados por bancos y qué restricciones de propiedad o licencias deberían aplicarse a las principales bolsas. De forma separada, Jeong también ha impulsado una propuesta para permitir inversión institucional en criptoactivos a través de ETFs al contado. La enmienda de Jeong seguirá su curso legislativo y competirá con la vía de derogación del PPP y con el calendario defendido por el partido gobernante Democrático y el Ministerio de Finanzas. El desenlace dependerá de las deliberaciones en comités de la Asamblea Nacional y de la negociación política, mientras avanza el diseño del marco legal más amplio para los activos digitales. Fuentes: información de MBN y declaraciones del Gobierno en audiencias del comité de finanzas de la Asamblea Nacional.