La SEC plantea un nuevo marco cripto: las ventas de tokens por debajo de 5 millones de dólares podrían quedar exentas de registro

La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) publicó el 18 de agosto (hora de Norteamérica) una propuesta normativa titulada "Regulation Crypto Assets" para crear un marco específico aplicable a contratos vinculados a criptoactivos. Es el paso regulatorio más relevante desde la llegada de Paul Atkins a la presidencia del organismo y busca ofrecer una vía alternativa mientras el Congreso sigue bloqueado con la "CLARITY Act". Dos exenciones para emitir sin el registro tradicional Según el comunicado oficial, el núcleo de la propuesta incorpora dos exenciones al registro exigido por la Sección 5 de la Ley de Valores de 1933, además de una regla de "puerto seguro" (safe harbor) condicionada. En ambos casos, los emisores seguirán sujetos a las normas federales contra el fraude y la manipulación. 1) Exención para startups Permite a proyectos en fase temprana captar hasta 5 millones de dólares en total durante un periodo de hasta cuatro años sin completar el proceso íntegro de registro. A cambio, la SEC exige divulgaciones narrativas basadas en principios, con un trámite más cercano a una presentación informativa que a una aprobación formal. 2) Exención de captación de fondos Autoriza a recaudar hasta 75 millones de dólares en cualquier periodo de 12 meses. El esquema replica en gran medida el de la Regulation A+, con dos tramos que obligan a aportar estados financieros auditados y a cumplir con obligaciones de información continuada, además de las divulgaciones narrativas. En la práctica, un emisor que quiera financiarse mediante la venta de tokens podría optar por una de estas dos vías según el tamaño de la ronda, evitando el proceso tradicional de registro completo ante la SEC, normalmente más lento y costoso: - Financiación pequeña y temprana (hasta 5 millones de dólares en cuatro años): bastaría una descripción clara en lenguaje sencillo del proyecto (divulgación narrativa), sin auditoría de estados financieros. - Financiación mayor (hasta 75 millones de dólares al año): además de la divulgación narrativa, se exigirían cuentas auditadas y reportes periódicos posteriores, en un esquema similar a las obligaciones de divulgación de empresas cotizadas. Safe harbor para que un token deje de considerarse valor La propuesta introduce un "puerto seguro" para contratos de inversión: cuando el emisor haya completado o cesado de forma permanente los "esfuerzos de gestión esenciales" prometidos a los inversores, el criptoactivo asociado podría dejar de encajar en la definición de "contrato de inversión", es decir, podría desprenderse de su carácter de valor. La condición de activación es que el equipo del proyecto haya (i) cumplido todas las labores comprometidas o (ii) haya dejado definitivamente de realizarlas. El texto apunta, por ejemplo, a redes ya construidas y suficientemente descentralizadas, o a equipos que se disuelven y abandonan el desarrollo. Si los inversores ya no pueden esperar razonablemente que el equipo siga trabajando para respaldar el valor del token, el activo podría dejar de tratarse como valor. De cumplirse los requisitos, la negociación y transferencia del token dejaría de considerarse una transacción de valores, eliminando la necesidad de registro y las restricciones típicas como los periodos de bloqueo, lo que facilitaría su cotización en plataformas de intercambio. El documento también propone redefinir "qualified purchaser" para eximir los valores emitidos bajo Regulation Crypto Assets y las transacciones relacionadas en mercado secundario de los requisitos estatales de registro y calificación (preeminencia federal sobre la normativa estatal). Definición acotada: "covered investment contract" La SEC crea el término "covered investment contract", limitado a supuestos muy concretos: (1) implica un criptoactivo específico; (2) el criptoactivo en sí no es un valor; (3) el contrato de inversión no incluye otros activos aparte de ese criptoactivo, sean o no valores. Con este perímetro, las exenciones y el safe harbor quedan circunscritos a emisiones cripto específicas y no se extienden a "securities" o "digital securities" (valores tokenizados). Por qué ahora: el estancamiento de la CLARITY Act La propuesta se enmarca en una serie de actuaciones de la SEC en el último año y medio: - Enero de 2025: Donald Trump firma la orden ejecutiva "Strengthening U.S. Leadership in Digital Financial Technologies" y crea el President's Digital Assets Market Task Force. - Principios de 2025: la SEC crea el Crypto Task Force, liderado por la comisionada Hester Peirce, y recaba aportaciones públicas (más de 300 cartas de comentarios). - Julio de 2025: el Presidential Working Group publica un informe que recomienda a la SEC usar su capacidad normativa y de exención para diseñar exenciones de registro específicas, safe harbors con límite temporal y exenciones concretas para "airdrops" vinculados a ofertas de valores sobre activos digitales. Atkins anuncia después la iniciativa "Project Crypto". - 17 de marzo de 2026: SEC y CFTC publican conjuntamente la "2026 Interpretive Guidance", que clasifica por primera vez los criptoactivos en cinco categorías (digital commodities, digital collectibles, digital tools, stablecoins y digital securities) y aclara cuándo un criptoactivo no valor "entra" o "sale" de la definición de contrato de inversión. Esa guía es la base teórica directa de la propuesta actual. - 18 de agosto de 2026: se publica formalmente "Regulation of Crypto Assets" y se abre un periodo de comentarios públicos de 60 días. La SEC reconoce en la propuesta que su enfoque anterior se ha apoyado principalmente en el test de Howey (1946), con dos problemas clave: no se adapta bien a activos cuyos derechos y características cambian con el tiempo, y las exigencias de divulgación actuales (como Regulation S-K y Form 1-A) no encajan con lo que los inversores cripto suelen considerar material (tokenomics, gobernanza de la red, seguridad del código fuente). De ahí el diseño de la Regla 103, basada en divulgaciones por principios. El movimiento también responde al bloqueo legislativo: la "CLARITY Act", considerada durante tiempo la solución definitiva para el sector, ha perdido tracción en el Senado este año por desacuerdos sobre incentivos de stablecoins y por controversias éticas ligadas a posibles conflictos de interés del expresidente Trump con sus criptoactivos. En Polymarket, la probabilidad implícita de que la "CLARITY Act" se convierta en ley en 2026 cayó desde casi el 82% en febrero hasta la franja del 18% al 21% a mediados de agosto. Aunque el líder de la mayoría del Senado presentó una moción de cierre el 8 de agosto y fijó el 15 de septiembre para la votación de procedimiento, se requieren 60 votos. Con el reparto actual, haría falta que alrededor de 10 senadores demócratas se desmarcaran, un escenario difícil. En paralelo, el asesor de política cripto de la Casa Blanca, Patrick Witt, declaró en la conferencia SALT que el Gobierno está "dando tiempo" al Senado y al Congreso, pero "no esperará indefinidamente"; si septiembre no arroja resultados, los reguladores avanzarán por su cuenta. La propuesta de la SEC materializa esa línea. Calendario: cuándo podría entrar en vigor La Regulation Crypto Assets sigue siendo un borrador y aún no es aplicable. Los hitos previstos son: - 18 de agosto de 2026: publicación formal de la propuesta (File No. S7-20-26/27). - Dentro de los 60 días posteriores a la publicación: periodo de comentarios públicos, con envíos a través de la web de la SEC o por correo electrónico. La fecha límite se fijará tras su publicación en el Federal Register. - Tras el cierre del periodo de comentarios: la SEC deberá revisar y responder a las observaciones sustantivas antes de decidir si adopta la norma final y en qué versión ("adopting release"). No hay plazo legal; procesos similares han tardado desde varios meses hasta más de un año. - Noviembre de 2026: Hester Peirce prevé abandonar la SEC, un cambio que podría afectar el impulso interno del proyecto. Con todo, el sector cripto afronta un escenario transitorio en EE. UU.: la propuesta regulatoria avanza mientras la "CLARITY Act" sigue en el aire, y el desenlace dependerá de una carrera entre la vía administrativa y la legislativa.