La SEC propone un nuevo marco regulatorio para los criptoactivos

Artículo de ChandlerZ, Foresight News El 18 de agosto, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) anunció la propuesta de una nueva norma, "Regulation Crypto Assets", con el objetivo de fijar un marco claro y aplicable para determinados contratos de inversión que involucren criptoactivos. La iniciativa llega después de que, en marzo de 2026, el regulador publicara una guía interpretativa sobre cómo se aplican las leyes federales de valores a ciertos criptoactivos y a las operaciones relacionadas. La propuesta delimita su alcance: solo afectaría a contratos de inversión específicos vinculados a criptoactivos. Las versiones tokenizadas de valores tradicionales, como acciones y bonos, seguirían sujetas a la normativa de valores. A su vez, las stablecoins de pago que cumplan la definición prevista en la GENIUS Act continuarían bajo un marco regulatorio separado. Dos exenciones y un "safe harbor" condicionado El texto plantea dos exenciones centradas en ciertos contratos de inversión con criptoactivos, que los liberarían de los requisitos de registro de la Securities Act de 1933. 1) Exención única para proyectos emergentes Permitiría emitir hasta 5 millones de dólares en valores durante un periodo de cuatro años. Tras presentar el Formulario NOR, el equipo del proyecto podría captar hasta ese límite en un máximo de cuatro años. A cambio, tendría que publicar en su web información sobre el token, el equipo, la hoja de ruta de desarrollo, la asignación de oferta, la gobernanza, la seguridad y los riesgos, además de actualizarla anualmente cuando haya cambios relevantes. Antes de que termine el periodo de cuatro años, el proyecto deberá presentar ante la SEC el Formulario TR para informar del estado del proyecto y del contrato de inversión. 2) Exención de financiación, inspirada en Regulation A Se divide en dos tramos: - Tier 1: hasta 20 millones de dólares por cada 12 meses. - Tier 2: hasta 75 millones de dólares. Ambos niveles exigirían presentar el Formulario 1CRYPTO y mantener reportes continuos anuales, semestrales y por hechos relevantes. En Tier 1 se permitirían estados financieros no auditados; en Tier 2 serían obligatorias cuentas auditadas. Los inversores no acreditados no podrían comprar más del 10% del mayor entre su renta anual o su patrimonio neto. La propuesta incorpora además un "safe harbor" condicionado para equipos que hayan completado o cesado de forma permanente todo el trabajo de desarrollo clave, siempre que no asuman nuevos compromisos de desarrollo clave. El equipo deberá presentar el Formulario TR en EDGAR para confirmar públicamente el cumplimiento de las condiciones y aportar el análisis que lo sustente. Efectos sobre normas estatales y la definición de "valor" De prosperar la norma, los requisitos estatales de registro y calificación dejarían de aplicarse a estas dos modalidades de emisión y a ciertas transacciones de mercado secundario que cumplan los criterios. Los estados conservarían facultades para investigar fraudes, cobrar tasas de "notice filing" y actuar contra intermediarios ilegales. El borrador también introduce un cambio de calado: excluye el término "investment contract" de la definición de "security" en la Securities Act de 1933 y la Securities Exchange Act de 1934. Si se cumplen las condiciones del "safe harbor", los criptoactivos se considerarían no sujetos al componente de "contrato de inversión" dentro de esa definición. Además, la norma preemptaría el derecho estatal en materia de requisitos de registro y calificación para emisiones y ventas realizadas bajo estas exenciones, así como ciertas operaciones en mercado secundario. Qué busca resolver Según la información publicada por la SEC, la exención para proyectos emergentes no impondría límites a las compras minoristas individuales y permitiría la solicitud general. Bajo el esquema propuesto, los contratos de inversión acogidos a esta vía no se tratarían como "restricted securities". Los proyectos podrían distribuir tokens vinculados a airdrops, staking, gobernanza, comisiones de gas y recompensas de pruebas, dentro de un tope total de 5 millones de dólares. La SEC argumenta que las redes cripto necesitan que los tokens lleguen a usuarios, validadores y desarrolladores para generar efectos de red, y que las restricciones tradicionales a la reventa de valores dificultan ese proceso. El modelo daría más flexibilidad de distribución a proyectos en fase inicial, con tres restricciones principales: tope de 5 millones de dólares, plazo de cuatro años y divulgación continua. El equipo promotor podría utilizar la exención incluso sin haber constituido una empresa: como individuo, entidad o equipo con múltiples miembros. En ese caso, los miembros deben firmar conjuntamente los Formularios NOR y TR y cada uno asume responsabilidades de cumplimiento. La elegibilidad quedaría limitada a entidades que cumplan criterios de negocio en EE. UU., incluidos: constitución en EE. UU., actividades principales de gestión en EE. UU., más de la mitad de los activos en EE. UU. y mayoría de ejecutivos o directores con ciudadanía o residencia estadounidense. En la exención de financiación, Tier 1 elimina la auditoría obligatoria, mientras que Tier 2 eleva el límite de captación a cambio de un informe auditado. Ambos tramos mantienen el límite del 10% para minoristas y las obligaciones de reporting. Estimaciones e impacto operativo La SEC estima que, tras la implementación, unas 99 ofertas anuales utilizarán la exención de crowdfunding y otras 31 emplearán la exención. Los emisores que no recurran a la exención de proyectos emergentes o a la exención de oferta podrían usar el "safe harbor" de manera independiente. Tras el episodio de The DAO en 2017, la SEC se apoyó principalmente en el Howey Test para evaluar ofertas de tokens caso por caso. El nuevo enfoque formaliza un circuito documental: el Formulario NOR registra los compromisos de desarrollo al inicio de la financiación; el Formulario 1CRYPTO y los reportes continuos siguen las emisiones de mayor tamaño; el Formulario TR marca la salida del contrato de inversión. Con ello, la hoja de ruta del "whitepaper" pasa a operar como base legal para determinar después el acceso al "safe harbor". El mercado secundario queda integrado en esa cadena de divulgación: mientras el equipo actualice la información bajo la exención emergente o presente reportes periódicos bajo la exención de financiación, determinadas reventas elegibles de tokens dejarían de estar sujetas a revisiones estatales repetidas de registro. Si el equipo deja de presentar reportes a tiempo, la exclusión frente a la normativa estatal se suspende y solo se restablece tras completar la divulgación. Durante el tiempo en que el contrato de inversión siga activo, las plataformas de negociación deberán supervisar de forma continua el estado de divulgación y reportes del equipo del proyecto. La SEC calcula que aproximadamente 475 emisores al año usarían por su cuenta el "safe harbor" del contrato de inversión. Calendario y proceso de entrada en vigor Hester Peirce planteó en 2020 el Token Safe Harbor y lo actualizó en 2021, proponiendo una ventana de gracia de tres años para equipos de desarrollo, aunque se trató de una recomendación personal sin fuerza legal. La propuesta actual es la primera que integra exenciones de financiación y condiciones de salida de contratos de inversión en un proceso regulatorio formal. Para los equipos, el esquema ofrece una vía de financiación en EE. UU. planificable: los costes de divulgación se eligen según el importe captado y, tras completar el desarrollo, se puede poner fin al acuerdo de inversión original bajo ciertas condiciones. Para los inversores, los objetivos del producto, el uso de fondos y los compromisos de desarrollo descritos en el "whitepaper" adquieren mayor responsabilidad legal, dificultando que el equipo separe por completo la narrativa comercial de los compromisos formales. La norma ya cuenta con la aprobación necesaria para abrir el periodo de comentarios públicos. Una vez se publique el texto en el Federal Register, se activará un plazo de 60 días. El documento incluye 144 preguntas sobre límites de financiación, topes de compra minorista, si el Formulario TR debería exigir estándares más objetivos, la exclusión del derecho estatal y los costes de divulgación. La SEC podría ajustar el texto tras recibir comentarios y, si introduce cambios sustanciales, reabrir el periodo de consulta. La versión final todavía deberá someterse a votación de la comisión completa de la SEC. Tras la aprobación, la Office of Management and Budget (OMB) determinará si se trata de una "major rule" conforme a la Congressional Review Act. Después, la SEC remitirá la norma al Congreso y a la U.S. Government Accountability Office (GAO). No requiere aprobación previa del Congreso, aunque puede ser revocada mediante una resolución conjunta; si se clasifica como "major rule", normalmente deberá esperar al menos 60 días para entrar en vigor. La SEC solo puede abordar las ofertas de valores y los contratos de inversión bajo su jurisdicción. La delimitación entre la SEC y la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) sobre el conjunto del mercado "spot" de criptomonedas dependerá del Congreso. En el periodo de comentarios también se prevé debate sobre cómo sostener la protección local del inversor tras excluir el registro estatal y qué criterios concretos deberán acreditarse para el "safe harbor".