La senadora Lummis pide una investigación penal contra bancos por "debanking" a Trump y a empresas cripto
La senadora Cynthia Lummis redobla su ofensiva contra lo que considera una práctica extendida en la banca estadounidense: seleccionar clientes por criterios políticos. La republicana de Wyoming reclama una investigación penal sobre grandes bancos de EE. UU. por, según afirma, haber expulsado de forma sistemática del sistema bancario al presidente Donald Trump, a miembros de su familia y a compañías de activos digitales por motivos puramente políticos.
En un documento presentado el 31 de enero de 2026, Lummis describió lo que interpreta como una campaña coordinada en torno al entorno de Trump: "Donald Trump, el presidente, fue desbancarizado… Eric Trump fue desbancarizado… Donald Trump Jr. fue desbancarizado… Melania fue desbancarizada… Empresas de activos digitales de todo el país fueron desbancarizadas".
La senadora encuadra estos casos dentro de un patrón más amplio que ella y otros republicanos han bautizado como "Operation Choke Point 2.0". La Operation Choke Point original fue una iniciativa de la era Obama que presionó a los bancos para cortar relaciones con sectores legales pero políticamente impopulares, como los prestamistas de pago anticipado o los comercios de armas. Sus críticos sostienen que la "secuela" aplicó el mismo enfoque contra empresas cripto y contra adversarios políticos de la Administración Biden.
El 30 de noviembre de 2025, el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes publicó un informe en el que alegaba que la Administración Biden facilitó el "debanking" de negocios de activos digitales mediante presión regulatoria sobre las entidades. La acusación no se centra en órdenes directas, sino en un supuesto mensaje implícito: mantener clientes cripto conllevaría un escrutinio no deseado.
En noviembre de 2025, JPMorgan Chase cerró cuentas vinculadas a Jack Mallers, consejero delegado de Strike, una empresa de pagos con bitcoin. Lummis reaccionó afirmando que "Operation Choke Point 2.0, por desgracia, sigue viva".
La respuesta federal ha ido ganando tracción. Para junio de 2026, la fiscal federal Jeanine Pirro había emitido citaciones a grandes bancos, incluidos JPMorgan y Bank of America, dentro de una investigación sobre presuntas prácticas de "debanking" selectivo. Trump, por su parte, ha presentado demandas contra JPMorgan y Capital One, alegando que cerraron cuentas asociadas a él y a su familia por razones políticas. Según las informaciones disponibles, los cierres se produjeron después del 6 de enero de 2021.
Trump firmó la orden ejecutiva "Guaranteeing Fair Banking for All Americans" el 7 de agosto de 2025. El texto ordena a los reguladores abordar el "debanking" politizado y fijaba plazos de revisión hasta diciembre de 2025. Lummis, que preside el subcomité de Activos Digitales de la Comisión Bancaria del Senado, se ha situado en el centro de estas iniciativas, vinculando de forma explícita la exclusión bancaria de figuras políticas con los retos más amplios del ecosistema cripto.
En el plano legislativo, la senadora impulsa cambios de calado. Ha propuesto la CLARITY Act, una iniciativa destinada a aportar certidumbre regulatoria a las empresas de activos digitales y a evitar presiones ambiguas que, según sus detractores, habrían permitido el "debanking".
Para los inversores en criptomonedas, el foco se concentra en dos frentes: la tramitación de la CLARITY Act en el Congreso y las conclusiones de la investigación de Pirro sobre la actuación de los bancos. Si la pesquisa destapa pruebas documentadas de cierres coordinados y motivados políticamente, el impacto podría redefinir la relación de la banca tanto con el sector cripto como, de forma más general, con las personas políticamente expuestas.
