Kazajistán aprueba nuevas reglas de minería para crear una reserva de bitcoin de 1.000 millones de dólares
Resumen del mercado generado por IA
Kazajistán aprobó un marco estratégico de criptominería que concede a los mineros autorizados tarifas y cuotas eléctricas fijas durante hasta 10 años, a cambio de aportar una parte del Bitcoin minado a un fondo nacional que aspira a alcanzar hasta 1.000 millones de dólares en reservas. La política formaliza la acumulación de BTC vinculada al Estado mediante asociaciones público-privadas y suma otro participante soberano a la tendencia de reserva mediante minería, reforzando las narrativas de demanda institucional, al tiempo que busca controlar la presión sobre la red eléctrica y la minería ilegal.
Nivel de impacto
● Media
Activos afectados
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Kazajistán ha formalizado una de las estrategias estatales más ambiciosas del mundo en minería de Bitcoin. El 23 de julio, el Gobierno aprobó las "Reglas para la implementación de la minería cripto estratégica", un marco que permite a empresas mineras autorizadas fijar tarifas eléctricas durante un periodo de hasta 10 años. La contrapartida: entregar una parte del Bitcoin minado a un fondo nacional con el objetivo de constituir reservas cripto por un valor de hasta 1.000 millones de dólares.
Según el esquema, las compañías que superen el proceso de aprobación del Ejecutivo obtendrán acceso a cuotas de electricidad con precios limitados, lo que busca blindar sus costes energéticos durante una década. A cambio, deberán aportar una fracción de los activos digitales recién minados al Astana Hub Autonomous Cluster Fund, gestionado por la National Investment Company of Kazakhstan. La meta del fondo es acumular hasta 1.000 millones de dólares en criptoactivos como parte de las reservas del país.
La iniciativa culmina un proceso que se viene construyendo desde hace años. Kazajistán legalizó la minería en 2020 y en 2023 aprobó su Ley de Activos Digitales. En 2025, el Gobierno anunció planes para un fondo de reserva cripto nacional valorado entre 500 y 1.000 millones de dólares, financiado con activos incautados e ingresos de la minería. En marzo de 2026, el banco central indicó que podría destinar hasta 350 millones de dólares de las reservas existentes de oro y divisas a inversiones vinculadas a criptoactivos.
Con este paso, Kazajistán se suma a un grupo de países que ya utilizan la minería de Bitcoin como vía para construir reservas estatales, entre ellos Bután, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos y Pakistán. Algunos investigadores sostienen que el número real de gobiernos implicados podría llegar a 13. Bután ha minado discretamente aprovechando sus recursos hidroeléctricos y tendría alrededor de 6.000 BTC. El Salvador mantiene aproximadamente 7.517 BTC, de los que en torno a 474 procederían de operaciones de minería doméstica.
El modelo kazajo se articula como una colaboración público-privada. En lugar de operar minas directamente, el Estado delega la actividad en empresas privadas y se queda con una parte de la producción. Tras la ofensiva de China contra la minería cripto en 2021, Kazajistán llegó a situarse temporalmente como el segundo mayor centro mundial de minería de Bitcoin, impulsado por la llegada de operadores atraídos por la electricidad barata. La afluencia tensionó la red energética y proliferaron actividades de minería ilegal que desbordaron la infraestructura local. El nuevo marco regulatorio busca ordenar esos desafíos energéticos sin renunciar a la oportunidad económica.