Irlanda estrena estrategia nacional contra el blanqueo y refuerza los controles sobre transferencias cripto a monederos privados

Irlanda ha publicado su primera estrategia nacional de lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, con un foco claro en el sector cripto. El plan, presentado por el Tánaiste y ministro de Finanzas, Simon Harris, estará vigente hasta 2030 e introduce nuevas obligaciones para los proveedores de servicios de criptoactivos (CASPs), entre ellas "controles reforzados" sobre transferencias que impliquen monederos privados (autocustodiados) y una diligencia debida más exigente en operaciones con empresas cripto extranjeras. La estrategia culmina la transposición en Irlanda de la mayor parte del Reglamento de la UE sobre Transferencias de Fondos. El Departamento de Finanzas señala que los elementos pendientes añaden deberes de cumplimiento para los CASPs, en especial un escrutinio adicional cuando las transferencias se relacionen con monederos privados. Estas exigencias aplican la "travel rule" del GAFI (FATF), que obliga a que la información del ordenante y del beneficiario acompañe a las transacciones con criptoactivos. El documento se publica en paralelo a la consolidación de MiCA como marco regulatorio paneuropeo para los CASPs. Irlanda redujo a 12 meses el periodo de "grandfathering" (frente a los 18 meses permitidos), que se cerró a finales de diciembre de 2025, de modo que las obligaciones actuales ya se aplican a las entidades con autorización plena. MiCA entró plenamente en vigor en toda la UE el 1 de julio, y Bruselas prevé reabrir el libro de reglas en 2027 para abordar a los emisores de stablecoins no comunitarios. La estrategia también se apoya en un plan de acción de 30 puntos y una Evaluación Nacional de Riesgos publicados en junio de 2026, que identificaron el uso indebido de criptoactivos como una amenaza en evolución y prometieron salvaguardas reforzadas para las finanzas digitales. Medidas internas y calendario La Gambling Regulatory Authority of Ireland deberá desarrollar un estándar sectorial para aceptar criptoactivos como origen de fondos, con diligencia debida para verificar su legitimidad. Ese estándar se espera para el 2T de 2027. A escala europea, el Reglamento contra el Blanqueo de Capitales endurece el marco: desde julio de 2027, los CASPs no podrán ofrecer ni mantener cuentas cripto anónimas ni cuentas que permitan transacciones anonimizadas, incluidas las basadas en monedas orientadas a mejorar el anonimato. Quedan exentos los proveedores de hardware, software y monederos puramente autocustodiados que no tengan acceso ni control sobre los fondos. La Autoridad Antiblanqueo (AMLA), con sede en Fráncfort, supervisará el cumplimiento. Presión internacional El giro responde a un mayor escrutinio global. El GAFI ha instado a los países a aplicar la "travel rule" a la actividad cripto. En su informe de julio, sostuvo que las plataformas DeFi con controladores identificables deben someterse a supervisión como otras entidades financieras, y estimó que cerca del 93% de las jurisdicciones analizadas aún no habían aplicado los estándares del GAFI a los esquemas que cumplen los criterios. El Reino Unido también avanza en la misma dirección: el borrador de reformas publicado por HM Treasury en septiembre de 2025 propone rebajar del 25% al 10% el umbral de notificación por cambio de control en empresas cripto. Implicaciones La estrategia busca reducir el atractivo del país como vía para blanquear beneficios ilícitos: "Irlanda no será un lugar seguro para blanquear productos del delito", afirmó Simon Harris. Para los CASPs, las redes de pago y las empresas de juego que acepten criptoactivos, los próximos meses implican más cargas de cumplimiento, nuevas obligaciones de intercambio de datos en transferencias y un mayor escrutinio de contrapartes transfronterizas. Para los usuarios, se mantiene la exención de autocustodia, pero aumenta la fricción cuando los fondos pasan por entidades reguladas, en un entorno que apunta a normas más estrictas y una aplicación más activa en toda la UE.