Hungría dará marcha atrás en sus restricciones al trading de criptomonedas tras el examen de la UE

Hungría se prepara para despenalizar el trading de criptomonedas y revertir unas restricciones que podían exponer a los operadores a sanciones penales por determinadas conversiones cripto"a"fiat y cripto"a"cripto, según la portavoz del Gobierno, Anita Köböl. En una rueda de prensa celebrada el jueves, Köböl explicó que la normativa aprobada el año pasado, que exigía una validación autorizada para las conversiones y vinculaba el incumplimiento a responsabilidades penales, había reducido la actividad del mercado. "Fue una legislación innecesaria. Hizo inviable la operativa práctica y asustó a los participantes del mercado", afirmó, según una traducción de Cointelegraph. Añadió que "las consecuencias penales también afectaron negativamente a varios cientos de miles de personas". Köböl señaló que estas reglas llevaron a varias plataformas de activos digitales, entre ellas Revolut, a suspender sus servicios cripto en Hungría. La regulación también motivó una revisión por parte de la Unión Europea para evaluar si las restricciones eran compatibles con la normativa del bloque. La marcha atrás supondría un giro respecto al marco cripto adoptado por Hungría en 2025, que instauró un sistema de autorizaciones especialmente restrictivo y exponía tanto a usuarios como a proveedores de servicios a responsabilidad penal. Las restricciones derivaban de un paquete legislativo aprobado en 2025 que modificó el Código Penal húngaro y la Ley VII de 2024 sobre el mercado cripto, conocida como la "Ley Cripto". Con las enmiendas en vigor desde el 1 de julio de 2025, el intercambio de criptomonedas solo podía realizarse con un certificado de cumplimiento emitido por un proveedor autorizado de servicios de validación de conversiones de criptoactivos. Las operaciones sin ese certificado se consideraban "criptotransacciones no autorizadas"; además, las transferencias asociadas se tenían por inválidas y sin efectos legales. El marco introdujo una nueva figura: el proveedor de servicios de validación de conversiones cripto, que debía obtener autorización de la Autoridad Supervisora de Actividades Reguladas de Hungría. Estos proveedores debían verificar el origen de los criptoactivos, identificar la titularidad de carteras o dispositivos, evaluar el perfil del usuario y contrastar las transacciones con bases de datos externas antes de emitir los certificados de cumplimiento. En el apartado sancionador, quienes intercambiaran criptoactivos por un valor de entre 5 millones y 50 millones de forintos húngaros (aprox. entre 16.000 y 160.000 dólares) a través de un servicio de intercambio no autorizado se exponían a hasta dos años de prisión. La pena se elevaba a cinco años para operaciones de entre 50 millones y 500 millones de forintos, y a hasta ocho años si superaban los 500 millones de forintos. El anuncio llega tras las elecciones parlamentarias del 12 de abril, que pusieron fin a los 16 años de gobierno del primer ministro nacionalista Viktor Orban y situaron en el Ejecutivo al partido proeuropeo Tisza, liderado por Peter Magyar. La nueva administración busca rebajar tensiones después de años de fricciones entre Hungría y la UE. Con información adicional de Zoltan Vardai.