Grecia plantea gravar las plusvalías en criptoactivos al 10% con una exención de 500 euros

Grecia se dispone a gravar por primera vez las ganancias derivadas de criptomonedas. El Ministerio de Economía Nacional y Finanzas ha publicado esta semana un anteproyecto para consulta pública que fija un impuesto del 10% sobre las plusvalías obtenidas por personas físicas, según un informe de CoinDesk basado en el texto. La propuesta contempla una exención anual de hasta 500 euros (unos 560 dólares), lo que situaría a Grecia entre los países con menor fiscalidad sobre criptoactivos dentro de la Unión Europea. La iniciativa busca cerrar un vacío que ha dejado al país sin un marco integral para gravar este tipo de operaciones, en un contexto de mayor interés local por los activos digitales y de avance regulatorio en otros Estados miembros. El núcleo del anteproyecto es un gravamen fijo del 10% sobre las ganancias realizadas al vender criptomonedas. El primer tramo de 500 euros de beneficios quedaría fuera de tributación, protegiendo a inversores ocasionales y de menor volumen, mientras que las plusvalías superiores tributarían al tipo completo. El texto se enviará al Parlamento en noviembre y todavía podría modificarse antes de una eventual votación. Las autoridades griegas no han publicado una estimación de recaudación. El borrador subraya la dificultad de dimensionar el mercado cripto del país, ya que muchos inversores operan a través de plataformas con sede fuera de Grecia, un factor que también complica la aplicación y el control de cualquier nuevo impuesto. El tipo del 10% se sitúa por debajo del de varios países europeos. Alemania, Francia e Italia aplican o planean tipos sobre plusvalías cripto por encima del 25%, según el mismo informe. Con una tasa más baja, Grecia parece buscar un equilibrio entre aumentar ingresos y evitar que una operativa ya deslocalizada se aleje aún más del perímetro de supervisión nacional; una tensión reflejada en la propia incertidumbre del Gobierno sobre el tamaño real del mercado. Para la mayoría de inversores minoristas, la exención de 500 euros implica que solo las ganancias materializadas de mayor cuantía quedarían sujetas al impuesto. Al tratarse de un umbral fijo en euros, los principales beneficiados serían quienes operan de forma puntual con importes reducidos, mientras que cualquiera que supere los 500 euros de plusvalías en un año estaría sujeto al gravamen. La tramitación prevista para noviembre abre una ventana para participar en la consulta y ajustar la planificación a la posible fecha de entrada en vigor. La iniciativa llega en paralelo a un movimiento más amplio de formalización fiscal y regulatoria del sector, desde un proyecto de ley sobre fiscalidad cripto en la Cámara de Representantes de EE. UU. que avanza en comité hasta la evolución del tratamiento de los activos digitales en la UE bajo marcos como MiCA y sus reglas sobre stablecoins. El tipo final, las exenciones y la fecha de aplicación seguirán dependiendo del resultado de la consulta y del voto parlamentario, por lo que la versión que finalmente se implemente podría diferir del borrador publicado esta semana.