Agentes federales de EE. UU. respaldan la Ley CLARITY para supervisar los criptoactivos

La Digital Asset Market Clarity Act (la "Ley CLARITY") sumó un nuevo apoyo de alto perfil en el ámbito de la seguridad pública, en un momento en el que el Congreso afronta un calendario ajustado antes del receso del Senado del 8 de agosto. El 10 de julio, la Federal Law Enforcement Officers Association (FLEOA) informó de que remitió una carta al Comité Bancario del Senado de EE. UU. en la que respalda el proyecto, aunque solicita cambios concretos para reforzar la rendición de cuentas en finanzas descentralizadas (DeFi) y preservar las facultades federales actuales de investigación. La adhesión de FLEOA llega tras otro respaldo reciente y busca contrarrestar las críticas que sostienen que la norma podría limitar la capacidad del Gobierno para perseguir delitos relacionados con criptoactivos. Puntos clave - FLEOA apoya la Ley CLARITY y la presenta como un avance para equilibrar innovación y seguridad pública. - Pide endurecer las salvaguardas ligadas a DeFi y aclarar quién responde por la actividad en sistemas descentralizados. - Solicita ajustes para reducir el riesgo de que empresas eludan la regulación autodenominándose descentralizadas. - El posicionamiento se produce a menos de cuatro semanas del receso del 8 de agosto, considerado por el sector un plazo crítico. - Las inquietudes previas de fuerzas del orden sobre protecciones a "desarrolladores" en DeFi impulsaron conversaciones que llevaron a otros grupos a matizar su postura. FLEOA respalda el rumbo, pero reclama ajustes En su comunicado del 10 de julio, FLEOA afirmó que la versión actual de la Ley CLARITY supone un "avance significativo" para alinear la innovación en activos digitales con objetivos de seguridad pública. La asociación sostiene que el texto ayudaría a fijar un marco regulatorio más claro sin debilitar herramientas clave para la aplicación de la ley penal y el cumplimiento normativo. Entre esas herramientas menciona esfuerzos contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, la aplicación de sanciones y las facultades de investigación utilizadas para perseguir conductas ilícitas. Ji Kim, consejero delegado de Crypto Council, destacó públicamente la relevancia del respaldo y señaló que el apoyo de FLEOA refuerza el enfoque de protección al consumidor y la solidez del proyecto para las fuerzas del orden. DeFi, en el centro de las preocupaciones sobre responsabilidad El apoyo de FLEOA viene acompañado de peticiones para acotar algunas protecciones previstas para DeFi. La asociación reclama que se delimite con mayor precisión la responsabilidad, incluyendo quién puede ser considerado responsable en sistemas descentralizados. También solicita que el texto aborde la posibilidad de que ciertas entidades intenten esquivar obligaciones regulatorias presentándose como descentralizadas sin cumplir las condiciones de fondo que esa etiqueta presupone. Además, recomienda modificar el lenguaje de "intención específica" (specific intent) para facilitar, cuando proceda, la acreditación de responsabilidad. Por último, pide que la ley deje explícito que no limita las facultades federales de investigación vigentes. Estas demandas se conectan con críticas previas centradas en la Sección 604, orientada a proteger a desarrolladores frente a responsabilidad por actividades ilícitas realizadas por usuarios en plataformas descentralizadas. Los detractores han advertido del riesgo de exenciones demasiado amplias que puedan dificultar las investigaciones. Presión previa de fuerzas del orden y cambios de postura En junio, cuatro organizaciones de fuerzas del orden contactaron con la Casa Blanca para expresar preocupación por la Sección 604. Según informó Cointelegraph, entre ellas estaban la National District Attorneys Association, la National Association of Assistant United States Attorneys, la International Association of Chiefs of Police y la National Sheriffs' Association. Temían que la disposición ampliara protecciones de responsabilidad de un modo que complicara las investigaciones sobre delitos con criptoactivos. Esa oposición derivó en un mayor seguimiento por parte del Ejecutivo. La Casa Blanca invitó a las organizaciones a una reunión a finales de junio, y desde entonces se observaron movimientos dentro del sector. En julio, Major County Sheriffs of America habría pasado a una postura neutral tras oponerse inicialmente al proyecto. El planteamiento de FLEOA encaja en esa dinámica: respaldo a la dirección general de la norma, combinado con demandas de ajustes para cerrar brechas, especialmente cuando la descentralización difumina la atribución de responsabilidades y choca con preocupaciones sobre la rendición de cuentas de desarrolladores y plataformas. Calendario del Senado: el receso del 8 de agosto, hito clave La carta de FLEOA llega en un momento de urgencia. Fuentes del sector han señalado el receso del Senado del 8 de agosto como un punto de referencia para que la Ley CLARITY pueda avanzar dentro de la ventana legislativa actual. La senadora Cynthia Lummis afirmó el 8 de julio que los legisladores podrían estar acercándose a su última oportunidad realista de aprobar una "legislación de verdad" sobre activos digitales antes de 2030. Advirtió de que, si no prospera la Ley CLARITY, otras jurisdicciones podrían marcar las reglas del juego, obligando a EE. UU. a ponerse al día durante la próxima década. En este contexto, el respaldo de otra organización de fuerzas del orden, acompañado de solicitudes de precisión técnica, apunta a que el debate podría estar girando desde el escepticismo general hacia negociaciones centradas en el redactado. Para el mercado, la incógnita será si el Comité Bancario del Senado y el proceso legislativo incorporan suficientes recomendaciones sobre responsabilidad y protección de facultades de investigación como para mantener el apoyo de actores de seguridad pública. Qué vigilar antes del receso Con el 8 de agosto en el horizonte, el foco estará en si el texto aborda de forma convincente la responsabilidad en DeFi, los estándares de atribución de culpa y una cláusula expresa que garantice que no se recortan las facultades federales de investigación, sin perder el objetivo de dotar de un marco regulatorio más previsible a los activos digitales.