Circle obtiene licencia federal de banco fiduciario en EE. UU. y lanza el primer banco de moneda digital

Circle dio un paso decisivo hacia el corazón del sistema financiero estadounidense. El 10 de julio de 2026, la compañía anunció que la Office of the Comptroller of the Currency (OCC) le concedió la aprobación final e incondicional para constituir un banco fiduciario nacional: First National Digital Currency Bank, N.A., que operará comercialmente como Circle National Trust. La noticia impulsó las acciones de Circle (NYSE: CRCL), emisor de USDC: subieron más de un 10% en el premarket y cerraron la sesión con un avance aproximado del 5,7%. La autorización incorpora formalmente a USDC y a la infraestructura de custodia de sus activos subyacentes dentro del marco regulatorio federal de EE. UU. Circle optó por el modelo de trust bank, no por el de banco comercial de servicio completo. Un banco fiduciario estatal o nacional es una entidad de propósito específico, enfocada en la custodia fiduciaria de activos digitales y moneda fíat bajo estándares legales de seguridad elevados. La normativa le impide captar depósitos minoristas de uso cotidiano o conceder préstamos comerciales con fondos de clientes, actividades propias de la banca comercial. Esa arquitectura —sin depósitos ni crédito— ofrece ventajas estructurales para empresas de criptoactivos y stablecoins. Al no encajar en la definición de banco comercial, el Circle Trust Bank y su matriz quedan exentos de la Bank Holding Company Act, no pagan primas a la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) y no están obligados a cumplir compromisos de crédito a comunidades de ingresos bajos y moderados. Circle obtiene así el respaldo reputacional de una supervisión nacional evitando parte de los requisitos de capital y los costes de cumplimiento más gravosos de la banca tradicional. El movimiento de Circle se enmarca en una oleada regulatoria que aceleró desde finales de 2025 hasta comienzos de 2026. Según información de mercado disponible públicamente, en una ventana de 83 días la OCC recibió o aprobó condicionalmente solicitudes de 11 empresas cripto y fintech para licencias de banco fiduciario nacional. El volumen supera el total de años anteriores y apunta a una reconfiguración del andamiaje financiero. El motor político de esta avalancha es la GENIUS Act (U.S. Stablecoin Act), firmada en julio de 2025, que estableció el primer marco federal integral para las stablecoins de pago. La ley exige contar con la condición de "Permitted Payment Stablecoin Issuer" (PPSI) para emitir stablecoins legalmente. Solo entidades que superen revisiones rigurosas de autoridades federales o estatales pueden emitir y gestionar stablecoins para el público. El texto fija dos pilares. Primero, reservas 1:1: cada dólar emitido debe estar respaldado por activos de alta liquidez y bajo riesgo, como efectivo o letras del Tesoro de EE. UU. a corto plazo, mantenidos en cuentas bancarias del mundo real para garantizar el rescate en efectivo. Segundo, prohibición de remuneración: se impide pagar intereses o rendimientos a los tenedores de stablecoins, para mantenerlas como instrumentos de pago y liquidación y evitar que se traten como productos de inversión de mayor riesgo. Junto a la presión normativa, la reducción de costes de cumplimiento también explica el giro hacia licencias federales. Históricamente, la industria de pagos y activos digitales en EE. UU. ha estado fragmentada por normativas estatales. Para operar a escala nacional con emisión de stablecoins y custodia, muchas empresas necesitaban obtener y mantener una "Money Transmitter License" (MTL) en los 50 estados, con costes anuales de millones o decenas de millones de dólares y estándares dispares. La licencia de banco fiduciario nacional de la OCC otorga "federal preemption": la primacía federal reduce en gran medida la necesidad de licencias MTL estado por estado y permite operar bajo un estándar uniforme, abaratando y simplificando el cumplimiento. Más allá de la eficiencia regulatoria, el objetivo estratégico de fondo es la independencia operativa frente a la banca comercial y el acceso autónomo a la infraestructura de liquidación. Hoy, la mayoría de empresas cripto no acceden directamente a la infraestructura financiera nacional y dependen de bancos comerciales como intermediarios para custodiar miles de millones —o decenas de miles de millones— en reservas en efectivo. Esa dependencia concentra el riesgo en pocos socios bancarios: una crisis de liquidez o una quiebra puede congelar fondos y paralizar operaciones. El colapso de Silicon Valley Bank (SVB) en marzo de 2023 expuso esa fragilidad. Circle mantenía entonces más de 3.300 millones de dólares en reservas en SVB; la retirada masiva y la posterior intervención restringieron temporalmente el acceso, provocando oscilaciones de precio de USDC en mercados secundarios. Con un banco fiduciario nacional bajo supervisión federal, Circle puede internalizar la custodia y gestión de activos subyacentes, reduciendo el contagio procedente de bancos externos. La obtención de una carta bancaria federal también abre una vía potencial hacia los sistemas de pago de la Reserva Federal. La regulación permite a instituciones con carta federal solicitar una master account o un nuevo tipo de cuenta de pagos en el banco central. De conseguirla, podrían participar directamente en la liquidación a nivel nacional. El acceso a redes como Fedwire o FedNow daría ventajas claras de "desintermediación de la liquidación": menos capas de revisión bancaria por transacción, menos comisiones intermedias y tiempos de liquidación más cortos, con un impacto relevante en la conversión eficiente entre activos digitales y moneda fíat, también en operaciones transfronterizas. La ola de solicitudes refleja además dos rutas empresariales. Un modelo es la "solicitud nueva", creando entidades desde cero con estándares federales. El otro es la "conversión de carta", elevando una trust company regulada a nivel estatal a banco fiduciario nacional, para integrarse con mayor rapidez en el sistema financiero tradicional. Diversas firmas de análisis consideran que el sector se está organizando en un mercado de doble carril. En el primer nivel, entidades reguladas con cartas nacionales concentrarán los flujos de mayor escala. En el segundo, empresas más pequeñas, limitadas por capital y capacidad de cumplimiento, seguirán operando con licencias estatales. En este esquema, los actores con licencia federal se convierten en nodos preferentes para canalizar capital institucional. Grandes inversores tradicionales —planes de pensiones, endowments universitarios y fondos soberanos— suelen estar obligados a trabajar con "qualified custodians" avalados federalmente. Los operadores con estándares nacionales de seguridad y auditoría se convierten, por diseño, en puertas de entrada del capital masivo. La cola larga del sector, incapaz de asumir los costes federales y el cumplimiento continuo, podría ver erosionada su cuota de mercado a medida que suban las barreras regulatorias y la liquidez se concentre en unos pocos líderes. El impulso de la OCC no está exento de fricción política. Las principales organizaciones del lobby bancario estadounidense —American Bankers Association (ABA), Bank Policy Institute (BPI) e Independent Community Bankers of America (ICBA)— han criticado formalmente al regulador y han pedido detener la aprobación de estas cartas. El argumento central es el de "arbitraje regulatorio": los bancos comerciales asumen obligaciones costosas para obtener y mantener una carta federal, como requisitos estrictos de capital bajo la Bank Holding Company Act, primas obligatorias de seguro de depósitos a la FDIC y compromisos de crédito a comunidades de ingresos bajos y moderados. Las empresas cripto, al operar como bancos fiduciarios sin depósitos minoristas ni préstamos, quedan exentas de gran parte de esas cargas, pero se benefician del prestigio de la etiqueta "national bank", lo que a juicio del sector bancario crea competencia desleal. También se plantean riesgos sistémicos. BPI ha advertido que un crecimiento explosivo de las stablecoins bajo cartas federales podría drenar depósitos de la banca comercial. En un episodio extremo de mercado, una ola de reembolsos masivos obligaría a los trust banks Web3, como gestores de reservas, a retirar grandes volúmenes de depósitos fíat en bancos socios. Esa salida repentina de liquidez podría tensionar a entidades por lo demás sanas. Por último, asociaciones bancarias acusan a la OCC de ampliar de forma opaca el alcance de los trust banks hacia actividades no fiduciarias. Alegan que agrupar grandes volúmenes de fondos de clientes como reservas subyacentes de stablecoins se parece, en esencia, a banca comercial y excede las competencias limitadas otorgadas a los trust banks por ley. Con la GENIUS Act ya en vigor y la operativa de las cartas de banco fiduciario nacional en marcha, la transformación de la infraestructura de finanzas digitales en EE. UU. ha comenzado. La tendencia más probable es una concentración elevada del mercado de stablecoins: el coste de cumplimiento a nivel nacional expulsa a empresas medianas y pequeñas, dejando el liderazgo a un grupo reducido de actores bien capitalizados. Los datos recientes de transacciones sugieren que USDC, con mayor certidumbre regulatoria, va ganando terreno frente a competidores offshore con menor transparencia regulatoria en ámbitos como depósitos de capital institucional y liquidación de operaciones de alto valor. La preferencia de grandes gestoras y multinacionales se inclina hacia redes de activos subyacentes supervisadas directamente por autoridades federales de EE. UU. Para entidades financieras y profesionales del sector Web3, la licencia federal de Circle es un punto de partida, no una línea de meta. En los próximos meses el mercado seguirá de cerca tres frentes. Primero, el desarrollo normativo detallado de la GENIUS Act: según el calendario interagencias, el Department of the Treasury, la Federal Reserve, la OCC y la FDIC publicarían propuestas regulatorias en el tercer y cuarto trimestre de 2026, con reglas finales previstas para el primer trimestre de 2027. El sentido general de la ley está fijado, pero detalles operativos —por ejemplo, exigencias diarias de liquidez o sanciones exactas por incumplimiento— determinarán costes reales y márgenes. Segundo, el avance del proceso de la Reserva Federal para conceder master accounts o cuentas de pagos. La carta de la OCC es el "permiso para solicitar"; queda por ver si el banco central permitirá efectivamente el acceso a la red de liquidación de base. Tercero, el frente judicial: grupos de interés de la banca tradicional evalúan posibles acciones legales. Una demanda en un tribunal federal por presunto exceso de competencias de la OCC podría derivar en suspensiones temporales de cartas recién aprobadas y ralentizar el despliegue de esta infraestructura. En conjunto, el panorama apunta a que el Gobierno de EE. UU. ha descartado avanzar hacia una moneda digital del banco central (CBDC) de control centralizado. En su lugar, está integrando empresas privadas reguladas del ecosistema Web3 en el sistema financiero nacional mediante la GENIUS Act y la concesión de cartas de banco fiduciario nacional. La estrategia busca preservar el papel central del dólar en la futura liquidación financiera global basada en internet, combinando la eficiencia de la tecnología blockchain con controles estrictos de licenciamiento y gestión de reservas. Este texto tiene fines exclusivamente informativos y de investigación legal, regulatoria y sectorial. 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