El Partido Comunista de China intensifica la ofensiva anticorrupción contra las criptomonedas y el blockchain

El Partido Comunista de China ha ordenado reforzar la lucha contra la corrupción que utiliza criptomonedas, blockchain y transferencias transfronterizas, según una resolución publicada esta semana. El Comité Central aprobó el texto durante su Quinta Sesión Plenaria, celebrada del 26 al 29 de octubre, y la agencia Xinhua lo divulgó el 1 de noviembre. La sección VII, titulada «Acción firme e integral contra la corrupción», insta a los investigadores a perseguir el soborno y los fondos ilícitos canalizados a través de internet, monedas virtuales, blockchain y otros canales no bancarios. La investigación abarcará tanto a quienes pagan como a quienes reciben sobornos, con especial atención a altos cargos, sus familias y allegados, y a funcionarios más jóvenes acusados de abuso de poder. El partido pide a las autoridades que investiguen la colusión entre gobierno y empresas, el uso indebido de fondos públicos, la ocultación de activos mediante terceros, las recompensas diferidas o encubiertas por abuso de poder y los esquemas de intermediación que enmascaran pagos ilícitos. También subraya la cooperación transfronteriza: perseguir a fugitivos y recuperar activos en el extranjero, así como investigar esquemas que ocultan la propiedad o mueven ganancias entre jurisdicciones. La resolución instruye a los organismos disciplinarios a desarrollar sistemas de supervisión digital y plataformas de big data, y a mejorar la coordinación con otros departamentos. El documento se centra en los usos de la tecnología financiera y los activos virtuales que facilitan la corrupción, y no anuncia nuevas prohibiciones al comercio ordinario de criptomonedas. China continental ya prohíbe el comercio de criptomonedas para clientes domésticos en virtud de la normativa financiera. La resolución no menciona bolsas, stablecoins o métodos de transacción concretos. Aunque señala que las monedas virtuales, incluidas las de uso común para transferencias transfronterizas como USDT, pueden facilitar los flujos ilícitos, no identifica tokens ni plataformas específicas, ni introduce sanciones inmediatas vinculadas a un instrumento en particular. Esta resolución se enmarca en un endurecimiento regulatorio más amplio. En febrero de 2026, el Banco Popular de China y siete departamentos gubernamentales actualizaron las normas sobre transacciones de criptomonedas, emisión no autorizada de tokens y actividades vinculadas a activos del mundo real tokenizados. Según esas normas, las principales criptomonedas y stablecoins no tienen estatus legal como moneda soberana de China, y las empresas tienen prohibido ofrecer servicios de comercio de criptomonedas no autorizados a clientes del continente, incluidos algunos servicios ofrecidos por firmas extranjeras. Los reguladores financieros chinos han dado prioridad creciente a la lucha contra el blanqueo de capitales relacionada con los activos virtuales. Una campaña del verano de 2026 señaló las monedas virtuales, las redes bancarias subterráneas y las transferencias al extranjero como prioridades de cumplimiento; el Banco Popular dijo que amplió las investigaciones sobre organizaciones de blanqueo profesional y redes de pago no convencionales. Los órganos judiciales también se preparan: el Tribunal Supremo Popular de China estudia cómo deben resolver los jueces los litigios relacionados con criptomonedas y actividad financiera transfronteriza, y en mayo los funcionarios presentaron planes para desarrollar estándares legales para casos emergentes vinculados a criptoactivos. Ya ha habido investigaciones a funcionarios vinculados a criptomonedas. En enero de 2026, los medios estatales y Yicai Global cubrieron el caso de Yao Qian, exdirectivo de la Comisión Reguladora de Valores de China y antiguo responsable del instituto de investigación sobre moneda digital del banco central. Los investigadores rastrearon la recepción de 2.000 ETH, posteriores operaciones de cambio y cuentas bancarias controladas a través de otras identidades. Para los actores en el país, la resolución refuerza que los activos virtuales son un foco de los esfuerzos anticorrupción y de lucha contra el blanqueo, y que los investigadores usarán tanto herramientas tradicionales como de vigilancia fintech. Las bolsas en el extranjero, los mostradores OTC y los acuerdos con stablecoins que interactúen con actores vinculados al continente, especialmente funcionarios, sus familias o intermediarios, podrían enfrentar un mayor escrutinio mediante la cooperación transfronteriza y los esfuerzos de recuperación de activos. El énfasis del partido en construir plataformas de supervisión con big data sugiere un monitoreo más sistemático de los flujos vinculados al poder público y a actores estatales, lo que podría aumentar la presión de cumplimiento incluso sin nuevos anuncios de prohibición de mercado. En síntesis, la resolución del Comité Central indica un esfuerzo intensificado y tecnológicamente consciente para rastrear y castigar la corrupción que se vale de criptomonedas, blockchain y mecanismos financieros transfronterizos. Aunque no modifica las prohibiciones de comercio interno ya vigentes ni menciona tokens y plataformas concretas, refuerza el foco investigador y supervisor, y eleva los riesgos de cumplimiento para quienes manejan flujos de criptomonedas transfronterizos vinculados a funcionarios o entidades chinas.