La CLARITY Act busca llevar al ámbito federal el modelo cripto de Wyoming
Resumen del mercado generado por IA
La votación pendiente de clausura en el Senado de la Ley CLARITY (15 de septiembre) aumenta la probabilidad de un marco normativo unificado de EE. UU. para los activos digitales, aclarando la jurisdicción de la SEC frente a la CFTC mediante "activos auxiliares" y "materias primas digitales". Las protecciones de quiebra de la Sección 701 podrían reducir de forma material la incertidumbre sobre el riesgo de contraparte para los activos mantenidos en bolsas, mientras que los escudos de responsabilidad para desarrolladores no custodiales respaldan las herramientas DeFi. La financiación adicional para FinCEN implica una aplicación más estricta junto con vías de cumplimiento más claras.
Nivel de impacto
● Alto
Activos afectados
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La senadora Cynthia Lummis quiere que el resto de Estados Unidos adopte el enfoque regulatorio de Wyoming en materia de criptoactivos. La republicana defiende que la Digital Asset Market Clarity Act, conocida como CLARITY Act, trasladaría al nivel federal el marco pionero de su estado y dotaría al sector de lo que más ha echado en falta: un conjunto único y coherente de reglas.
El proyecto, de 616 páginas, fue aprobado en la Cámara de Representantes en julio de 2025 por 294"134 y ahora espera turno en el Senado. La votación de "cloture", el trámite clave para desbloquear el debate, está prevista para el 15 de septiembre, con un calendario apretado ante la proximidad de las elecciones de mitad de mandato.
Qué cambia la ley
La esencia del texto es delimitar categorías dentro del universo de los activos digitales y asignar competencias regulatorias. La propuesta distingue, entre otras, entre "ancillary assets" (activos auxiliares) y "digital commodities" (materias primas digitales), una separación determinante para decidir si la supervisión corresponde a la SEC o a la CFTC. Durante años, la falta de claridad ha alimentado un pulso entre ambos organismos y ha dejado a las empresas del sector sin una referencia estable.
Según la CLARITY Act, los "ancillary assets" quedarían sujetos a obligaciones de divulgación ante la SEC, con límites: topes anuales de divulgación de 50 millones de dólares o el 10% del valor en circulación, y un máximo acumulado de 200 millones de dólares.
La Sección 701 aborda una de las heridas abiertas tras las quiebras de plataformas de 2022. Establece que los activos digitales mantenidos por clientes se consideran propiedad del cliente en procesos de bancarrota bajo el Capítulo 7. En la práctica, si un exchange quiebra, los criptoactivos del usuario se tratan como suyos en el procedimiento, y no como parte del patrimonio de la empresa sobre el que compiten los acreedores.
El texto también incorpora protecciones de responsabilidad para desarrolladores no custodios, evitando que se les clasifique como transmisores de dinero. Quien desarrolla código "open-source" para un protocolo descentralizado sin tocar fondos de usuarios no soportaría las mismas cargas de cumplimiento que una plataforma centralizada.
El factor Wyoming
Wyoming lleva años consolidándose como el estado más favorable a las criptomonedas en EE. UU. Desde 2018, aprobó más de dos docenas de leyes vinculadas a blockchain: creó instituciones de depósito de propósito especial para activos digitales, eximió determinados tokens de normas de valores y fijó definiciones regulatorias que no existían a escala nacional.
Lummis, senadora por Wyoming desde 2021, ha intentado sistemáticamente exportar ese marco. La CLARITY Act se apoya en su trabajo bipartidista previo con la senadora Kirsten Gillibrand, demócrata por Nueva York. Su Responsible Financial Innovation Act de 2022 sentó buena parte de la base conceptual del texto actual, aunque nunca llegó a votarse.
La versión consolidada incluye disposiciones para endurecer restricciones sobre reventa por parte de insiders y añadir exigencias de transparencia, ajustes que habrían facilitado su aprobación en la Cámara con un margen bipartidista cómodo. Además, el proyecto asigna 150 millones de dólares adicionales para FinCEN y otros organismos de ejecución. Lummis presenta la iniciativa como una medida de protección al consumidor y sostiene que la ambigüedad regulatoria ha reducido la seguridad del mercado al impedir prácticas de cumplimiento claras por parte de empresas legítimas.
Qué obstáculos enfrenta
El principal reto es el Senado. La votación de "cloture" del 15 de septiembre mostrará si hay apoyos suficientes para superar barreras procedimentales. Con las elecciones de mitad de mandato cerca, el margen para llevar el texto al pleno se estrecha con rapidez.
Los críticos señalan el alcance de las facultades de ejecución, en especial por su impacto potencial en plataformas de finanzas descentralizadas. Aunque las protecciones para desarrolladores no custodios son amplias, el refuerzo de requisitos de supervisión para exchanges y plataformas DeFi podría traducirse en costes de cumplimiento relevantes.
Claves de mercado a vigilar
Las protecciones en bancarrota podrían cambiar la forma en que los inversores institucionales valoran el riesgo de contraparte en cripto. Uno de los efectos duraderos del colapso de FTX fue constatar que los activos de clientes en plataformas centralizadas estaban en una zona gris legal. La Sección 701 busca cerrar ese vacío.
También destaca el incremento de 150 millones de dólares para FinCEN. Apunta a una intensificación de la actividad de supervisión y cumplimiento en activos digitales, al margen de que el marco regulatorio final sea más o menos favorable a la innovación.