El Senado de EE. UU. revisará la próxima semana la Ley CLARITY, con la lupa puesta en las reglas sobre "intereses" de las stablecoins

Nota del editor: La regulación de las criptomonedas en Estados Unidos vuelve a entrar en una fase decisiva. El 14 de mayo, el Comité Bancario del Senado abordará la Ley CLARITY, una iniciativa largamente esperada y respaldada por la industria cripto para dotar al mercado de activos digitales de un marco normativo más nítido. Su alcance va más allá de ser una simple victoria para el sector: busca devolver al Congreso disputas regulatorias que durante años se han resuelto a golpe de litigios y acciones de supervisión. La propuesta pivota sobre tres frentes. El primero es delimitar con mayor precisión qué corresponde a la SEC y qué a la CFTC en materia de activos digitales. Durante los últimos años, las empresas cripto han operado en un entorno de incertidumbre sobre la autoridad competente, con decisiones marcadas por expedientes concretos y criterios caso por caso. La ley pretende reducir esa inseguridad jurídica estableciendo fronteras de supervisión más claras. El segundo frente es fijar cuándo un token debe considerarse un valor, una materia prima u otra categoría. Para equipos de proyectos, plataformas de negociación e inversores, la clasificación define obligaciones de emisión, negociación, divulgación y cumplimiento. CLARITY plantea un sistema más formalizado de tipologías para dar a los activos digitales una identidad legal más estable y sentar bases para el diseño de productos y el acceso al mercado. El tercer eje, el más sensible, afecta a las recompensas de las stablecoins y al choque entre banca y cripto por la posible salida de depósitos. En el compromiso actual, se prohibirán las recompensas a los clientes por mantener stablecoins respaldadas por dólares —por considerarse demasiado similares a un depósito bancario—, pero se permitirán las recompensas vinculadas a usos como pagos y transferencias. El objetivo es separar el uso de la stablecoin como instrumento de pago de su uso como sustituto de un depósito remunerado. En este punto se concentra el mayor conflicto. La banca teme que, si intermediarios como plataformas de negociación pudieran pagar rendimientos a los tenedores de stablecoins, el dinero se desplace fuera del sistema asegurado, erosione la base de depósitos y eleve riesgos para la estabilidad financiera. El sector cripto sostiene que vetar esos rendimientos a terceros equivale a blindar posiciones dominantes de la banca y limitar la competencia. El debate, en consecuencia, no se limita a asignar etiquetas a tokens o a repartir competencias regulatorias. También redefine fronteras entre bancos, exchanges, emisores de stablecoins y plataformas de pago: hasta qué punto una stablecoin puede parecerse a un depósito, cuánto pueden penetrar las empresas cripto en servicios de pago y ahorro y si la banca tradicional seguirá monopolizando, en la práctica, el derecho a generar intereses sobre saldos en dólares. De cara a la tramitación, el apoyo demócrata será determinante. Lo relevante no es solo si CLARITY es "procripto", sino que Estados Unidos está colocando stablecoins y activos digitales en el centro de una competencia por la infraestructura financiera. Una vez fijados los límites regulatorios, el reparto de intereses entre cripto y banca tradicional podría reescribirse. Según lo previsto, los senadores revisarán la próxima semana este proyecto de ley. Su objetivo es establecer un marco regulatorio para las criptomonedas y, potencialmente, romper el bloqueo que en el pasado enfrentó a empresas cripto y al sector bancario estadounidense. De convertirse en ley, CLARITY aclararía la jurisdicción de los supervisores financieros sobre una industria en rápido crecimiento y podría acelerar la adopción de activos digitales. El viernes, el senador Tim Scott, presidente del Comité Bancario del Senado, indicó que el comité celebrará una reunión ejecutiva el 14 de mayo a las 10:30 (hora del Este) (14:30 GMT) en el Dirksen Senate Office Building, en Washington, D. C. La industria cripto lleva tiempo presionando para sacar adelante la iniciativa, que considera clave para el futuro de los activos digitales en el país. Entre otras disposiciones, el texto define en qué supuestos los tokens se consideran valores, materias primas u otras categorías, con el objetivo de aportar claridad legal. La ley también incorpora una cláusula diseñada para rebajar la disputa entre cripto y banca. Con un acuerdo impulsado por el republicano Thom Tillis y la demócrata Angela Alsobrooks, se prohibirá ofrecer recompensas a los clientes por mantener stablecoins vinculadas al dólar, al entender que ese esquema se asemeja a los depósitos bancarios. Sí se permitirán recompensas por otras actividades relacionadas con stablecoins, como transferencias de pago. Organizaciones bancarias rechazan ese enfoque y sostienen que concede demasiada flexibilidad operativa a las empresas de criptomonedas, lo que podría fomentar la salida de depósitos del sistema bancario regulado. Antes de la audiencia, el sector intensifica su presión para convencer a algunos republicanos del Comité Bancario del Senado, aunque no está claro si lo logrará. Los lobbies bancarios buscan desde hace tiempo modificar CLARITY para cerrar una "laguna" derivada de una ley promulgada el año pasado, que permite a intermediarios pagar intereses sobre stablecoins. Los bancos advierten de que ello podría favorecer la fuga de depósitos del sistema asegurado y amenazar la estabilidad financiera. Las empresas cripto replican que impedir que exchanges y otros terceros paguen intereses sobre stablecoins sería una práctica anticompetitiva. El sector espera que la ley se apruebe en los próximos meses, antes de las elecciones legislativas de noviembre, cuando los demócratas podrían recuperar el control de la Cámara de Representantes. La Cámara aprobó su versión de CLARITY en julio del año pasado, pero el Senado debe aprobarla antes de finales de 2026 para que pueda remitirse al presidente de EE. UU., Donald Trump, para su firma. Numerosos demócratas se han opuesto al texto alegando que es insuficiente en materia de prevención de blanqueo de capitales y que hacen falta medidas más contundentes para evitar que cargos políticos se beneficien de proyectos cripto. Para salir adelante en el pleno del Senado, la norma necesita el apoyo de al menos siete demócratas. Trump buscó activamente financiación del sector cripto y se comprometió a ser un "presidente cripto". A la vez, los negocios de criptomonedas de su propia familia han contribuido a empujar a la industria hacia una mayor normalización.