Texas crea un comité asesor para su reserva estratégica de bitcoin y nombra a un directivo de CleanSpark
Texas pasa de las declaraciones a la ejecución en su plan de contar con una reserva estatal de bitcoin. El interventor (Comptroller) en funciones, Kelly Hancock, anunció el 28 de mayo la creación del Texas Strategic Bitcoin Reserve Advisory Committee, un panel de cinco miembros constituido al amparo del Senate Bill 21. Su misión será asesorar al estado sobre cómo valorar, proteger y administrar bitcoin como activo público.
El comité reúne perfiles de minería, finanzas y academia. Entre los designados figura Gary A. Vecchiarelli, presidente y director financiero (CFO) de CleanSpark, una de las mayores mineras de bitcoin cotizadas en Estados Unidos. También se incorpora Jamie McAvity, consejero delegado (CEO) de Cormint Data Systems, operador de instalaciones de minería de bitcoin en Texas. Laurie Dotter aportará experiencia en inversión. Completa la lista pública Carla Reyes, profesora de Derecho en SMU y especialista en política de activos digitales.
El órgano deberá emitir recomendaciones en cuatro áreas: valoración de bitcoin, gestión del riesgo, gestión de activos digitales y políticas de custodia.
La base legal es el Senate Bill 21, aprobado durante la 89.ª Legislatura de Texas, que sienta el marco para crear y mantener una reserva estratégica de bitcoin. En paralelo al anuncio, la oficina de Hancock publicó una solicitud de propuestas (RFP) para seleccionar firmas que ofrezcan servicios de custodia y liquidez para las tenencias estatales. El foco se sitúa en seguridad de nivel institucional y en una rendición de cuentas pública con informes transparentes.
Para inversores y mercado, la composición del comité apunta a las prioridades del estado. La presencia de dos ejecutivos de minería sugiere que Texas abordará bitcoin no solo como un activo a comprar, sino también por su relación con la infraestructura energética. La participación de una experta académica en regulación de activos digitales indica que el frente normativo gana peso a nivel estatal.
En los próximos meses, el mercado seguirá dos señales: qué proveedores de custodia se adjudican la RFP, como indicador de cómo Texas define el estándar "institucional", y si otros grandes estados avanzan con iniciativas legislativas similares.
