Corea del Sur se ve obligada a revisar el impuesto a las criptomonedas tras una petición con más de 50.000 firmas
Más de 52.000 ciudadanos surcoreanos han firmado una petición para que el Gobierno retire el impuesto previsto sobre las criptomonedas, superando el umbral que obliga a la Asamblea Nacional a abrir una revisión formal. La iniciativa rebasó las 50.000 firmas el 21 de mayo de 2026, apenas ocho días después de su lanzamiento. Según el sistema de peticiones del país, ese volumen activa el envío obligatorio del asunto al Comité de Finanzas y Planificación Económica para su evaluación.
En el centro de la polémica está un gravamen del 22% sobre las plusvalías en criptoactivos, compuesto por un 20% de impuesto nacional sobre la renta y un 2% de impuesto local. Se aplicaría a beneficios anuales superiores a 2,5 millones de wones, equivalentes a unos 1.650-2.200 dólares según el tipo de cambio. El punto que concentra el mayor rechazo es precisamente ese mínimo exento: para activos financieros tradicionales como las acciones, la exención ronda los 50 millones de wones, cerca de 20 veces más. En la práctica, un inversor en bolsa puede acumular mucha más ganancia sin tributar que alguien que opere con Bitcoin, una diferencia que los firmantes califican de injusta.
Las críticas no se limitan a la comparación fiscal. La petición también cuestiona el nivel de protección al inversor: se reclama que el Ejecutivo pretende gravar las criptomonedas como si fueran un activo maduro, mientras el marco regulatorio para prevenir fraudes, quiebras de plataformas o manipulación de mercado sigue por detrás de las salvaguardas existentes en el mercado bursátil.
El impuesto lleva años en el aire. Se planteó por primera vez en torno a 2022 y debía entrar en vigor hace tiempo, pero se ha aplazado en repetidas ocasiones. El calendario actual sitúa su implementación en enero de 2027, tras sucesivos retrasos ligados a presiones políticas y al cambio de sentimiento hacia los activos digitales. Corea del Sur cuenta con una de las bases de inversores minoristas en cripto más activas del mundo, un factor que ha elevado el coste político de impulsar la medida.
La escalada reciente incluye una ofensiva legislativa: el partido opositor People Power Party (PPP) ha presentado un proyecto de ley para eliminar de forma permanente las disposiciones fiscales sobre ingresos de activos digitales. No propone ajustes ni nuevos aplazamientos, sino la derogación completa. Aunque su aprobación no está garantizada, su mera tramitación altera el marco de negociación.
Las autoridades han señalado que mantienen la intención de aplicar el impuesto pese al rechazo. La revisión obligatoria en comisión, activada por la petición, añade un filtro de escrutinio parlamentario y abre la puerta a un debate estructurado sobre una medida que hasta ahora avanzaba por impulso del Ejecutivo.
Para los inversores, el desenlace puede tener efectos relevantes. El mercado cripto surcoreano ha mostrado históricamente dinámicas propias, como la "prima kimchi", que describe el diferencial de precios entre las bolsas locales y las globales. Si el gravamen del 22% entra en vigor en enero de 2027, parte de los operadores podría reducir exposición o buscar alternativas. El impacto se concentraría en los inversores más jóvenes, ya presionados por los elevados precios de la vivienda y que han recurrido a las criptomonedas como vía alternativa de construcción patrimonial; una fiscalidad alta con un umbral exento bajo reduce el atractivo de seguir participando.
Al mismo tiempo, el aumento de la oposición política introduce incertidumbre sobre si el calendario se cumplirá. Un nuevo aplazamiento encajaría con la pauta de los últimos años y, si la propuesta del PPP gana apoyos, el esquema podría desaparecer antes de recaudar un solo won.
Fuera del país, la situación también se sigue de cerca: Corea del Sur es uno de los mercados con mayor volumen de negociación minorista, y sus decisiones suelen influir en el sentimiento en Asia. Un desenlace favorable para los inversores reforzaría la idea de que los gobiernos suavizan su postura sobre la tributación de activos digitales; la aplicación del impuesto tal como está diseñado enviaría la señal contraria. La revisión en comisión no anticipa un resultado concreto, pero más de 52.000 firmas en ocho días elevan el coste político de avanzar con la medida, con la próxima cita electoral como posible prueba de si la política cripto se convierte en un asunto relevante en las urnas.
