Corea del Sur aplicará un impuesto del 22% a las ganancias cripto superiores a 1.850 dólares a partir de enero de 2027
El Ministerio de Economía y Finanzas de Corea del Sur confirmó oficialmente que el país comenzará a gravar los activos virtuales desde enero de 2027.
Moon Kyungho, director de la división de imposición sobre la renta del ministerio, aseguró en un foro de urgencia celebrado en la Asamblea Nacional que el Ejecutivo mantiene el calendario previsto y que la tributación arrancará el 1 de enero del próximo año, pese al debate sobre una posible prórroga.
Según la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente, desde esa fecha las ganancias derivadas de la transmisión o el préstamo de activos virtuales se clasificarán como "otros ingresos". Se aplicará un tipo total del 22% —20% de impuesto sobre la renta y 2% de impuesto local— a los beneficios anuales en criptomonedas que superen los 1.850 dólares (2,5 millones de wones).
La medida afectará a una amplia base de inversores minoristas. Datos gubernamentales sitúan en alrededor de 13,26 millones el número de inversores en activos virtuales en el país, calculado a partir de la afiliación acumulada en Upbit, el mayor intercambio de Corea del Sur, hasta diciembre pasado.
Moon indicó que el Servicio Nacional de Impuestos (NTS) está ultimando el marco técnico para la recaudación. El organismo prepara el aviso correspondiente y coordina detalles operativos tras varias reuniones con los cinco principales operadores de activos virtuales: Dunamu, Bithumb, Coinone, Korbit y Gopax. El funcionario matizó después ante la prensa que la expresión "pronto" podía inducir a error y precisó que el aviso del NTS está previsto para entrar en vigor en algún momento de este año.
La ratificación del inicio en enero llega en un contexto de presión por parte de algunos sectores políticos y grupos de inversores para volver a aplazar el impuesto, aludiendo a la volatilidad del mercado y a la necesidad de una infraestructura regulatoria más sólida. Las últimas declaraciones del ministerio apuntan a que el Gobierno mantiene su compromiso con la hoja de ruta legislativa actual.
