Japón endurece las normas de compraventa inmobiliaria con criptomonedas tras una advertencia conjunta
Japón eleva el listón de control sobre las operaciones inmobiliarias pagadas con criptoactivos. La Agencia de Servicios Financieros (FSA), junto con el Ministerio de Tierra, Infraestructura, Transporte y Turismo, la Agencia Nacional de Policía y el Ministerio de Finanzas, remitió el 28 de abril de 2026 una solicitud formal conjunta a las principales asociaciones del sector inmobiliario y del sector cripto para exigir verificaciones más estrictas en todas las transacciones de compraventa que incluyan pagos en criptomonedas. Es la primera vez que cuatro organismos clave actúan coordinados en esta materia.
El regulador alerta de que el ladrillo sigue siendo una vía habitual para blanquear fondos: una sola operación puede mover importes elevados y transformar dinero de origen ilícito en un activo "legítimo". La irrupción de las criptomonedas, sostiene la FSA, ha incrementado el riesgo al permitir transferencias transfronterizas en segundos y con menor capacidad de rastreo, inmovilización o vinculación al origen que en los canales bancarios. Con la expansión del uso de cripto para invertir o por conveniencia en compras de alto valor, el riesgo se intensifica.
La petición conjunta se dirigió, entre otras, a la National Federation of Real Estate Transaction Associations, la All Japan Real Estate Association, la Real Estate Association of Japan, la Real Estate Distribution Management Association y la National Housing Industry Association. En el ámbito cripto, figura la Japan Virtual and Crypto Assets Exchange Association.
El mensaje a las empresas es tajante: las inmobiliarias no pueden gestionar ni convertir criptomonedas libremente por cuenta propia. El cambio de cripto a yenes puede considerarse actividad de intercambio y requiere autorización de la FSA. En cada operación inmobiliaria pagada con cripto deben realizarse verificaciones completas de identidad del comprador y del origen de los fondos. Cualquier transacción sospechosa debe comunicarse de inmediato a las autoridades o a la policía. Además, se prohíbe el uso de plataformas de intercambio no licenciadas y su utilización debe ser reportada.
Paralelamente, Japón ajusta las reglas de reporte en materia de control de cambios para mejorar el seguimiento de flujos internacionales. Quien reciba en Japón criptoactivos procedentes del extranjero por un valor superior a 30 millones de yenes (aproximadamente 200.000 dólares) deberá declararlo a las autoridades. También se refuerza el control sobre compradores extranjeros: los no residentes que adquieran inmuebles en Japón deberán presentar un informe posterior a la compra; la obligación rige desde el 1 de abril de 2026 y se aplica a todos los no residentes, con independencia del motivo de adquisición.
El movimiento no supone, según el enfoque oficial, un giro contra el sector. Japón fue uno de los primeros países en reconocer Bitcoin como medio de pago en 2017 y en desplegar un sistema formal de licencias para exchanges. La posición ahora es de consolidación regulatoria: comprar inmuebles con criptomonedas no se prohíbe, pero deberá hacerse dentro de un marco trazable y conforme a la normativa. El uso de una supuesta anonimidad para canalizar grandes importes hacia el inmobiliario sin escrutinio queda, de facto, cerrado.
La iniciativa se alinea con una tendencia global. En Estados Unidos, la Financial Crimes Enforcement Network refuerza los controles sobre efectivo y cripto en operaciones inmobiliarias. En Europa, los proveedores de servicios cripto ya están sujetos a normas más estrictas de prevención de blanqueo. En Asia-Pacífico, los gobiernos vigilan de cerca la entrada de dinero digital en los mercados de propiedad.
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