Japón aprueba un proyecto de ley para tratar las criptomonedas como instrumentos financieros
Japón ha dado un paso para reordenar su industria cripto. El Consejo de Ministros ha aprobado un proyecto de reforma que pasaría a considerar los criptoactivos como productos financieros, y no solo como herramientas de pago. Si el Parlamento lo ratifica, el nuevo marco podría entrar en vigor en 2027.
El texto, elaborado por la Agencia de Servicios Financieros, busca reforzar la protección al inversor y elevar la transparencia del mercado. La iniciativa introduce obligaciones de información y endurece la vigilancia sobre conductas abusivas.
Hasta ahora, las criptomonedas se regulaban principalmente bajo la Ley de Servicios de Pago, un enfoque que se consolidó tras las reformas posteriores al colapso de Mt. Gox. Con el cambio de uso, el Gobierno quiere adaptar las reglas: el país supera ya los 13 millones de cuentas cripto y la mayoría de los usuarios emplea estos activos con fines de inversión más que como medio de pago. La propuesta los aproxima a un tratamiento similar al de valores como acciones y bonos.
Entre las medidas destacadas figura la prohibición de operaciones con información privilegiada basada en datos no públicos. También se exigirán informes anuales a los emisores para mejorar la divulgación. Además, se actualiza la terminología del sector: los "operadores de intercambio de criptoactivos" pasarían a denominarse "operadores de negociación de criptoactivos", en línea con el lenguaje de las finanzas tradicionales.
El paquete incorpora un endurecimiento de sanciones. Los operadores sin licencia podrían enfrentarse a hasta 10 años de prisión, frente a los tres actuales, y las multas subirían de 3 millones de yenes a 10 millones de yenes. El aumento de la presión regulatoria llega en un contexto en el que, según se informa, los supervisores reciben cientos de quejas mensuales vinculadas a criptoactivos.
La reforma supone un giro relevante: al encuadrar las criptomonedas como activos financieros, Japón aspira a impulsar un mercado más maduro y atractivo para inversores de mayor tamaño. Al mismo tiempo, el mayor coste regulatorio podría acelerar la salida de actores pequeños y favorecer una mayor concentración en firmas de mayor escala.
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