Japón reclasifica las criptomonedas como instrumentos financieros con una nueva reforma legal
El Gobierno japonés ha dado luz verde a una enmienda de la Ley de Instrumentos Financieros y de Intercambio que cambia de forma sustancial el marco de supervisión de los activos digitales. Por primera vez, las criptomonedas pasarán a considerarse instrumentos financieros, un giro orientado a reforzar la transparencia del mercado y a limitar el uso de información privilegiada.
Según medios locales, el proyecto incorpora la prohibición de operar con información no pública. También exige a los emisores de criptomonedas la divulgación anual de información, con el objetivo de mejorar el entorno de inversión. Además, los operadores registrados dejarán de encuadrarse como "crypto asset exchange business" y pasarán a definirse como "crypto asset trading business", en línea con un uso cada vez más inversor de estos activos.
El texto eleva de forma notable el régimen sancionador. Los vendedores no registrados podrían enfrentarse a penas de hasta 10 años de prisión. Las multas máximas subirían desde unos 18.800 dólares (¥3 millones) hasta 62.800 dólares (¥10 millones).
Si la Dieta aprueba la reforma en el actual periodo de sesiones, la entrada en vigor se prevé para el ejercicio fiscal 2027. Hasta ahora, las criptomonedas se regulaban bajo la Payment Services Act, al tratarse principalmente como medio de pago. Con la creciente utilización de estos activos como inversión, la Financial Services Agency (FSA) trasladará la supervisión al marco de la Ley de Instrumentos Financieros y de Intercambio, acercando el tratamiento regulatorio al de los valores tradicionales.
La ministra de Finanzas, Satsuki Katayama, defendió el enfoque tras la reunión del gabinete, señalando que el Ejecutivo busca ampliar el suministro de capital de crecimiento ante los cambios en los mercados financieros y de capitales, y garantizar la equidad, la transparencia y la protección del inversor.
La revisión regulatoria encaja con otra iniciativa paralela: reducir el tipo máximo sobre las ganancias en criptomonedas del 55% al 20%, equiparándolo al impuesto japonés sobre plusvalías de acciones. En conjunto, las medidas reflejan una estrategia doble: endurecer el control para proteger al inversor y, al mismo tiempo, aliviar la carga fiscal para favorecer la innovación. Analistas apuntan que esta combinación podría reforzar el atractivo de Japón como centro para empresas cripto al equilibrar mayores exigencias de cumplimiento con un entorno fiscal más favorable.
