El Senado de EE. UU. frena la Clarity Act mientras Wall Street acelera el acceso cripto

La Casa Blanca afirmó el 4 de mayo que espera que el Congreso envíe la Clarity Act al despacho del presidente antes del 4 de julio. La ley, centrada en la estructura de mercado de los criptoactivos, fue aprobada por la Cámara de Representantes en julio de 2025 por 294 votos a favor y 134 en contra, pero lleva casi un año bloqueada en el Senado. El Comité Bancario que preside el senador Tim Scott se ha marcado como objetivo cerrar el trámite de enmiendas (markup) antes de que termine mayo, con la intención de llevar el texto al pleno del Senado en junio o julio. El escollo principal es una cláusula exigida por legisladores demócratas: un "código ético" que impediría a altos cargos del Gobierno obtener beneficios personales de activos en criptomonedas durante su mandato. La disposición apunta de forma directa al presidente. Mientras el Capitolio discute, Wall Street avanza. El 6 de mayo, E*Trade (filial de Morgan Stanley) habilitó la compraventa al contado de Bitcoin, Ethereum y Solana para 8,6 millones de inversores minoristas con una comisión del 0,50%, la más baja, según BeInCrypto, entre los grandes intermediarios tradicionales de Wall Street. Entre abril y mayo de 2026, la entrada masiva de brokers clásicos ha empujado las tarifas minoristas a nuevos mínimos. La evolución de precios ilustra la presión competitiva: el 22 de febrero de 2018, Robinhood fue el primer bróker minorista online en ofrecer criptomonedas con comisiones cero (incluidos los spreads). Más tarde ese mismo año, Coinbase lanzó su app minorista con tarifas del 0,99% al 2,99%, más un spread del 0,5%. En 2022, Coinbase introdujo Advanced Trade y bajó las comisiones minoristas al 0,40%–0,60%. En 2023, Fidelity Crypto debutó con una tarifa del 1%. Tras dos años sin grandes movimientos, a comienzos de abril de 2026 Charles Schwab lanzó Schwab Crypto y fue abriendo gradualmente la negociación al contado de Bitcoin y Ethereum al 0,75%. Un mes después, el 6 de mayo, E*Trade redujo el listón al 0,50% e incluyó también Solana. La comparación entre estructuras es contundente: la app estándar de Coinbase suele implicar para el minorista un 0,99%–2,99% más un spread del 0,5%, lo que eleva el coste total efectivo al 1,5%–3,5%. El 0,5% de E*Trade recorta ese nivel a aproximadamente un tercio. Fidelity, con el 1%, queda como la opción más cara del grupo. Coinbase Advanced Trade mantiene competitividad, pero está pensada para usuarios profesionales, de alta frecuencia y mayor patrimonio, no como interfaz de referencia para el pequeño inversor. ¿Por qué la ofensiva se concentra en abril–mayo de 2026? Dos hitos. En julio de 2025 se promulgó la GENIUS Act, el marco regulatorio de stablecoins, que despejó el camino legal para que las entidades tradicionales custodien y liquiden stablecoins. Además, la Clarity Act entra en la fase de markup en el Senado: con independencia del resultado final, el mercado asume que el esquema regulatorio general ya está trazado y las grandes firmas perciben menos riesgo de retroactividad regulatoria. En la práctica, Wall Street decide en función de la probabilidad de aprobación de la Clarity Act, no de su firma definitiva. La batalla política gira en torno a la cláusula ética. Según el texto promovido por la senadora Elizabeth Warren y otros, se "prohibiría que los actuales altos cargos obtengan beneficios personales de activos en criptomonedas durante su mandato". La Casa Blanca habría rechazado versiones de compromiso tras recibirlas repetidamente desde 2025. El trasfondo económico no es menor. Bloomberg informó en enero de 2026 de que aproximadamente una quinta parte del patrimonio de 6.800 millones de dólares de la familia Trump procede directamente de proyectos cripto. El flujo de caja ya materializado rondaría los 1.470 millones de dólares, impulsado por cuatro productos: la venta de tokens de World Liberty Financial (WLFI) sería el mayor aporte, con cerca de 1.000 millones de dólares en beneficios para la familia hasta diciembre de 2025, incluidos 550 millones recaudados en la oferta pública; el memecoin $TRUMP, lanzado tres días antes de la investidura de enero de 2025, habría generado 362 millones en comisiones y ganancias de negociación; el memecoin $MELANIA habría aportado alrededor de 65 millones; y el interés de reserva de la stablecoin USD1 sumaría 42 millones. La valoración no realizada se estima en unos 2.800 millones de dólares. WLFI contabiliza además 1.500 millones de dólares en tokens sin vender, un importe muy sensible a la cotización de WLFI. Según FinanceFeeds, las reservas de Bitcoin de Trump Media se sitúan entre 9.500 y 11.500 BTC, valoradas en torno a 840 millones de dólares a los precios actuales. La valoración del negocio de USD1 y participaciones como American Bitcoin Mining rondaría los 460 millones. En conjunto, entre realizado y no realizado, la cifra asciende a aproximadamente 4.300 millones de dólares, el tamaño real del incentivo en juego. El avance hacia una votación en el pleno del Senado con esa cláusula dependerá de cuántos senadores estén dispuestos a apoyar públicamente una disposición que recortaría de forma directa esa porción del "pastel". ¿Puede aprobarse la CLARITY este año? La Clarity Act obliga a clasificar los activos digitales en tres categorías. La primera son las "materias primas digitales", bajo la CFTC, e incluye tokens que operen en "sistemas blockchain maduros". La ley define "maduro" con dos criterios estrictos: que la red tenga capacidades plenamente funcionales y alcance consenso, y que esté suficientemente descentralizada, de modo que ninguna entidad pueda modificar unilateralmente el protocolo o la gobernanza. La segunda categoría son los "Investment Contract Assets", bajo la SEC, e incluye tokens que representen derechos de capital, deuda o similares, como acciones tokenizadas, valores tradicionales emitidos on-chain y RWA (inmuebles, pagarés, cuentas a cobrar). La tercera son las stablecoins de pago, supervisadas por reguladores bancarios y sujetas a exigencias completas en capital, custodia y normas anti-manipulación. Frente a FIT21, que se hundió en el Senado en 2024, la Clarity Act introduce tres mejoras clave. La clasificación de las stablecoins pasa de quedar "sin especificar" a "asignarse por plataforma": la negociación de stablecoins en plataformas reguladas por la CFTC queda bajo la CFTC, y en plataformas reguladas por la SEC queda bajo la SEC, aunque la SEC conservaría solo potestades antifraude. Las exenciones DeFi pasan de un puerto seguro basado en principios a un listado explícito de actividades exentas; tres acciones —operar una interfaz con custodia, ejecutar un nodo y publicar código— no activarían obligaciones de registro. El registro de plataformas cambia de "coordinación interagencias" a un requisito obligatorio de doble registro para intermediarios que negocien activos digitales, incluso si ya son broker-dealers registrados ante la SEC. La lógica es cristalina: poner fin por ley a la mayor fuente de incertidumbre de los últimos años en la industria cripto, "quién regula qué". En términos legislativos, el proyecto llega con pocos precedentes exitosos. Según declaraciones públicas de la oficina del representante French Hill, durante el 116º Congreso (2019–2020) se presentaron más de 40 proyectos relacionados con criptomonedas y blockchain, sin que ninguno se convirtiera en ley. FIT21 apareció en el 118º Congreso (2023–2024), fue aprobado por la Cámara en mayo de 2024 y se convirtió en el primer proyecto de estructura de mercado cripto en superar una votación completa en la Cámara, pero acabó muriendo en el Senado. El 18 de julio de 2025, Trump firmó la GENIUS Act, que estableció el marco legal para las stablecoins de pago. Es la primera y, hasta la fecha, única ley federal relacionada con criptomonedas aprobada en seis años. Un día antes, el 17 de julio, la Cámara aprobó la Clarity Act por 294 a 134. El texto está, en teoría, en el mismo punto en el que estuvo FIT21: aprobado por la Cámara y a la espera del Senado. La diferencia es el contexto político. Durante FIT21, los demócratas controlaban la Casa Blanca y no había impulso al máximo nivel; ahora, la Administración Trump lo promueve abiertamente. Aun así, la Casa Blanca rechazó la versión de compromiso de las disposiciones éticas y figuras demócratas clave siguen sin aceptar el marco. Si la primera semana de agosto transcurre sin avances, el Senado entrará en receso hasta el 14 de septiembre. Con las elecciones de mitad de mandato previstas para el 3 de noviembre, que la ley pueda firmarse en 2026 ya no depende solo de la voluntad de la Casa Blanca. El precedente tampoco ayuda: en seis años se han presentado más de 50 iniciativas y solo una ha llegado a convertirse en ley. ¿Será la Clarity Act la segunda? La respuesta debería quedar clara en los próximos dos meses. 律动 BlockBeats