Argentina impulsa un proyecto para impedir que bancos, pagos y cripto den servicio a apuestas online ilegales

Argentina ha presentado un proyecto de ley para cortar el acceso de los sitios de juego online ilegales a la infraestructura financiera. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Salud y enviada al Congreso bajo el nombre de Ley de Prevención del Juego y Regulación del Juego Online, plantea vetar la prestación de servicios por parte de bancos, empresas de pago y, por primera vez en un borrador legislativo del país, proveedores cripto. El texto busca reforzar el control sobre las apuestas virtuales, frenar la ludopatía y proteger a los menores. Para perseguir a los operadores no autorizados, prevé coordinar a varios organismos del Estado, entre ellos el banco central, el regulador de valores, la agencia de comunicaciones y el registro nacional de dominios. El punto clave para el sector es que el proyecto menciona explícitamente a los "proveedores de activos virtuales". En palabras del Ministerio de Salud, "las entidades financieras, los proveedores de servicios de pago o los proveedores de activos virtuales tienen prohibido ofrecer sus servicios a operadores de juego no autorizados". De aprobarse, exchanges, rampas fiat y procesadores cripto quedarían dentro del marco de control de pagos, con potenciales exigencias adicionales de cumplimiento para compañías que faciliten depósitos, retiradas o pagos vinculados a webs de apuestas. La propuesta apunta tanto a operadores locales como a plataformas offshore que recurren a rieles de activos digitales cuando se bloquean los canales de pago tradicionales. Llega tras una orden judicial de marzo en Buenos Aires que bloqueó en todo el país el mercado de predicción Polymarket por operar fuera de la normativa local de juego y por preocupaciones relacionadas con pagos en cripto, verificación de identidad y acceso de menores. Medidas similares se han visto en otros mercados: España bloqueó Polymarket y Kalshi por cuestiones de licencias, e India también ha restringido mercados de predicción basados en cripto por considerarlos juego. Además del corte de acceso financiero, el proyecto endurece penas y reglas publicitarias. Propone modificar el Código Penal para imponer de tres a seis años de prisión a quienes gestionen u organicen sistemas de apuestas no autorizados, y de dos a cuatro años a quienes presten servicios esenciales financieros, digitales, publicitarios o tecnológicos a operadores ilegales. También obligaría a medios, influencers, agencias y plataformas digitales a comprobar que los operadores cuentan con autorización oficial antes de promocionarlos. La medida aún requiere aprobación parlamentaria. Si sale adelante, ampliará las herramientas de las autoridades argentinas para aislar a las webs ilegales tanto del sistema de pagos tradicional como de la infraestructura cripto, y reforzará la tendencia regulatoria a tratar las plataformas de predicción con apuestas de dinero como servicios de juego. Las empresas cripto y los procesadores de pago que operan en Argentina podrían verse obligados a aplicar controles más estrictos de KYC, filtrado y bloqueo si la ley entra en vigor.