Meta alcanzó un acuerdo de 18.000 millones de dólares con 47 estados de EE. UU. y aceptó limitar elementos de diseño adictivo para proteger a los adolescentes. Después, la Comisión Europea señaló que podría exigir cambios más estrictos que los contemplados en ese pacto. Si la empresa no cumple, se expone a una multa de hasta el 6% de sus ingresos globales anuales, equivalente a un máximo de 12.000 millones de dólares. En el Reino Unido, responsables públicos también pidieron que las mismas protecciones se apliquen a los adolescentes británicos.

Un fallo del Tribunal Supremo de Estados Unidos en el caso Trump v. Slaughter, que avala la facultad del presidente para destituir a miembros de organismos independientes, ha reactivado las dudas sobre la legalidad del EU‑U.S. Data Privacy Framework. El acuerdo respalda flujos de datos transatlánticos vinculados a €1.7 trillion anuales y es utilizado por empresas tecnológicas estadounidenses como Microsoft. El EDPB ha iniciado una evaluación, mientras Noyb y el diputado francés Philippe Latombe impulsan nuevas impugnaciones judiciales. Si el marco se revoca, las compañías podrían enfrentarse a una crisis de cumplimiento para transferir datos entre jurisdicciones.