Un fallo del Tribunal Supremo de Estados Unidos en el caso Trump v. Slaughter, que avala la facultad del presidente para destituir a miembros de organismos independientes, ha reactivado las dudas sobre la legalidad del EU‑U.S. Data Privacy Framework. El acuerdo respalda flujos de datos transatlánticos vinculados a €1.7 trillion anuales y es utilizado por empresas tecnológicas estadounidenses como Microsoft. El EDPB ha iniciado una evaluación, mientras Noyb y el diputado francés Philippe Latombe impulsan nuevas impugnaciones judiciales. Si el marco se revoca, las compañías podrían enfrentarse a una crisis de cumplimiento para transferir datos entre jurisdicciones.